El Gabinete de Ministros aprobó el miércoles el Decreto Supremo 3594 que constituye a la Comisión de la Verdad como una institución pública y descentralizada. Previamente, una dirección bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, fungía como Secretaría Técnica de esta instancia.
La Comisión de la Verdad fue creada, mediante una ley de diciembre de 2016, con el objetivo de esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendida como violaciones graves de los Derechos Humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia en el periodo de los gobiernos de facto entre 1964 y 1982
«La Comisión de la Verdad se constituye en una institución pública descentralizada de derecho público con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa financiera legal y técnica y patrimonio propio bajo tuición del Ministerio de Transparencia Institucional”, señala el artículo dos del Decreto Supremo.
La norma establece que la nueva institución tendrá tres niveles: el Directivo conformado por cinco miembros que constituyen el plenario y son la máxima instancia de decisión. El nivel Ejecutivo que tendrá un director además del nivel Operativo vinculado al personal técnico y administrativo.
La designación del director, según el artículo cinco, se hará mediante una resolución Suprema de una terna aprobada por el directorio y remitida a través del Ministerio de Justicia y Transparencia. En tanto, que el financiamiento se hará con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) con la posibilidad de acceder a donaciones internas y externas.
De acuerdo con la ley la Comisión tendrá una vigencia de dos años. En junio de 2018 se promulgó una ley abre la posibilidad de ampliar el plazo de trabajo de la Comisión de seis meses a un año e independizar completamente, en lo administrativo, a la Secretaría Técnica de la Comisión, su brazo operativo, que se consolida con el decreto. (15/06/2018)
