Un total de 9.141 efectivos policiales de alto y bajo rango, de siete regiones del país, fueron capacitados en derechos humanos, en cumplimiento a una recomendación de la Defensoría del Pueblo emitida tras el conflicto con los cooperativistas mineros en agosto de 2016.
El informe defensorial donde se emite dicha recomendación señala que la institución del orden debe “incidir en la impartición de cursos a sus miembros sobre Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley; Manual Ampliado de Derechos Humanos para la Policía de las Naciones Unidas; Tácticas y Estrategias para la Acción Policial en Ciudades y en Comunidades; Técnicas de Control de Multitudes que reduzcan al mínimo el uso de la fuerza; y Alivio de estrés personal», según una nota de prensa oficial.
En ese marco, la Policía Boliviana remitió un reporte a la Defensoría en el que indica que desarrollaron talleres de capacitación, en los que se abordaron las temáticas recomendadas y otras relacionadas a los derechos humanos.
En 2017, la institución del orden realizó 141 cursos, en los cuales participaron 7.456 policías, entre coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes, subtenientes, suboficiales, sargentos, cabos y personal administrativo de unidades y reparticiones policiales de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Pando.
En la presente gestión se han desarrollado otros 123 talleres en los que se participaron 1.685 uniformados, en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.
Según la nota de prensa de la Defensoría, en el informe emitido por los hechos violentos en el conflicto protagonizados por mineros cooperativistas, observó que “los actos de represión y represalia, como el destrozo de un vehículo automotor, destrucción de pertenencias personales y de víveres, por miembros del Policía Boliviana (…), constituyeron actos de abuso policial, apartados de los principios del Manual Ampliado de Derechos Humanos para la Policía de las Naciones Unidas, sujetos a responsabilidad, además de vulnerar otras normas humanitarias”.
Asimismo, evidenció que las órdenes jerárquicas que impartió el Comando Departamental, no se ajustaron a los principios del Manual Ampliado de Derechos Humanos para la Policía de las Naciones Unidas, durante la intervención policial. (13-08-2018)
