La juez anticorrupción, Sara Céspedes, rechazó un recurso judicial planteado para la modificación varias medidas sustitutivas a la detención preventiva impuestas para el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, en el caso denominado «Mochilas I», informó el lunes por la noche el fiscal de recursos José Manuel Gutiérrez.
«Se ha mantenido las medidas cautelares vigentes en contra del señor Leyes rechazándose todas las solicitudes de la defensa», manifestó en el final de una audiencia que se prolongó por casi ocho horas.
El caso mochilas I comenzó a ser investigado el 3 de abril, cuando la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba, tras recibir información sobre que los útiles y las mochilas de 2018 fueron provistos por la empresa accidental ’26 de Febrero’, que compró el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos, pero el Gobierno municipal pagó 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.
Gutiérrez manifestó que el Ministerio Público quedó satisfecho con la resolución tomada en contra del recurso de modificación de medidas sustitutivas.
«Ahora estamos pendientes de lo que señale la autoridad jurisdiccional (en el caso). El Ministerio Público atenderá todas las audiencias que señalen las autoridades en el marco del procedimiento penal», complementó.
A su turno, el abogado defensor de Leyes, Humberto Trigo, anunció que la decisión de la juez Céspedes será apelada, porque dijo que fue tomada en medio de supuestas intimidaciones por medio de tres recusaciones y dos reposiciones planteadas por los acusadores en el caso y declaraciones recientes de dos sindicados José Miguel Padilla y Cristian Siles, que están aún bajo reserva.
«El proceso va a subir a una de las salas penales de la Corte y esto se va a resolver en dos días», manifestó.
Las medidas sustitutivas que cumple Leyes fueron fijadas el 21 de abril por los cargos en su contra y que obstaculice la investigación en libertad y son detención domiciliaria, arraigo, el pago de una fianza de 200.000 bolivianos y la prohibición de acercarse a dependencias ediles y mantener contacto con funcionarios municipales.
