Bolivia ha descartado presentar «una contrademanda» a Chile en su controversia por las aguas del Silala, dijo su presidente Evo Morales, que partió hoy hacia China después de reunirse en La Haya con el equipo jurídico que lleva el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
«Inicialmente se ha pensado en la contrademanda, pero por recomendaciones jurídicas de carácter internacional se ha descartado», puntualizó Morales en declaraciones a Efe.
La contrademanda le habría posibilitado a La Paz presentarse como parte acusadora en el diferendo del Silala, como lo es en el otro juicio ante el alto tribunal de la ONU sobre su eventual salida al océano Pacífico.
En su lugar, Bolivia entregará una contramemoria ante la CIJ antes del 3 de septiembre, es decir, una respuesta a la memoria presentada por Chile hace un año.
Bolivia «acudió a organismos internacionales expertos para que nos aporten estudios para la contramemoria», indicó Morales, que se interesó en la reunión con el equipo legal por los argumentos «jurídicos, técnicos, geográficos e históricos» del documento.
«Al margen de las demandas, qué bueno sería buscar soluciones de carácter diplomático. Nosotros tratamos porque el agua es un derecho humano. Agua es vida, y si nos entendemos desde ese punto de vista, debería de haber acuerdos», añadió.
Morales apeló a la resolución que aprobó la ONU a petición de Bolivia en 2010, por la cual se consideró como un derecho humano básico el acceso al agua potable.
«Hubo algunas abstenciones, pero no rechazos. Eso significa que tenemos una política internacional sobre los recursos naturales», añadió el mandatario.
El Silala es un cauce de agua que nace en el Potosí y cruza la frontera hacia Antofagasta, pero su uso y estatus ha erosionado las relaciones entre Santiago y La Paz en los últimos veinte años.
La situación pareció cambiar en 2009, cuando se anunció un preacuerdo por el cual Chile pagaría un 50 % de la utilización de los recursos hídricos, pero poco después el pacto naufragó entre acusaciones mutuas.
La controversia ha subido de tono desde entonces, hasta el punto de que Chile presentó el año pasado una denuncia ante la CIJ porque temía que Bolivia cortara el flujo del Silala.
En el documento, le reclamó al tribunal que reafirme su derecho a un uso equitativo de las aguas y que advierta a La Paz de su obligación de «tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación u otras formas de daño a Chile como resultado de sus actividades».
Según Santiago, el país vecino violó sus obligaciones internacionales al no informarle de la construcción de un estanque de peces, en el 2012, y de un puesto militar con viviendas cuyos trabajos «podrían tener efectos en el río Silala e impactar adversamente en Chile».
Uno de los puntos de la controversia es una obra de canalización realizada a principios del siglo XX por compañías chilenas en territorio boliviano que, según el presidente Morales, fue «ilegal».
Este extremo es negado por el país vecino. «Las obras, que no son tan considerables, se hicieron con autorización de Bolivia», dijo a Efe la coagente de Chile ante la CIJ María Teresa Infante.
El objetivo era únicamente «mejorar el escurrimiento del agua», «mantener su pureza» y «controlar mejor su flujo», aclaró Infante, quien aseguró que el agua pasa la frontera «naturalmente, no inducida por medios mecánicos o artificiales, y hay un derecho de Chile de aprovecharla».
Después de que Bolivia presente su contramemoria en septiembre, la CIJ consultará a las partes si creen conveniente mantener una segunda fase de alegatos escritos.
Tras escucharlas, decidirá si establece fechas para una eventual réplica por parte de Chile y dúplica por parte de Bolivia, ambas por escrito, o si por el contrario fija fecha para las audiencias orales.
