Mediante una misiva, un grupo de activistas que demandan el respeto al referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) emplazaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se pronuncie sobre la repostulación del presidente Evo Morales hasta el 6 de agosto. Advirtieron que si no se atiende su pedido activarán una marcha desde Caracollo.
Los principales dirigentes de ese movimiento y el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, en representación del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), llevaron el petitorio hasta la oficina del Órgano Electoral en el barrio de Sopocachi, La Paz, la mañana de este martes.
“No queremos un silencio cómplice, creemos que (el TSE) tiene que develar de forma definitiva si Evo será candidato porque está en inminente peligro la democracia”, afirmó el presidente de las plataformas ciudadanas paceñas, Vladimir Machicao.
Sin embargo, la presidenta del TSE, Katia Uriona, ratificó a comienzo de mes que la entidad no emitirá posición sobre el resultado del 21 de febrero de 2016 (21F) y la candidatura de Morales hasta que no asuma competencia en las elecciones de 2019, lo que ocurrirá entre mayo y junio de ese año.
El exhorto de los activistas paceños es respaldado por plataformas de Santa Cruz y Cochabamba, cuyos dirigentes arribaron a la sede de gobierno para cuestionar también a la Policía Boliviana, que el lunes advirtió que no permitirá protestas vinculadas al 21F en actos cívicos.
Christian Tejada, identificado como miembro del movimiento Generación 21, explicó que la medida responde a las determinaciones del congreso nacional realizado el 30 de junio en Cochabamba que reunió a varios activistas del 21F.
De la cita emanó un documento con diez puntos. Uno de ellos declaró a Morales como un “dictador” y en otro se estableció un paro nacional indefinido en caso de que el TSE permita que el actual mandatario se postule para los próximos comicios. La fecha aún no fue definida.
La carta entregada este martes a la Secretaría de Cámara de la entidad electoral responde al punto 8; si Uriona no se pronuncia, advirtieron, ejecutarán el punto 2, denominado Plan Sicurí, que es una marcha de Caracollo a La Paz que se prevé desarrollar entre el 1 y el 10 de octubre.
Para el Gobierno, el asunto está cerrado luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fallará en noviembre de 2017 en favor de una nueva repostulación del presidente Morales en atención a un recurso que el gobernante MAS activó sobre la base la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los derechos políticos que deviene de esta norma supranacional.
De hecho, el partido en función de gobierno ha demandado a los opositores un plan de gobierno y candidatos para la próxima contienda electoral de 2019. (17/07/2018)
