El expresidente Carlos Mesa declaró este martes ante el fiscal General Ramiro Guerrero por el caso Quiborax y ratificó que el principal responsable del caso es el gobierno del presidente Evo Morales, por lo que quienes deberían ser procesados en su lugar son los cuatro funcionarios que denunció el lunes, entre ellos los ministros de Minería, César Navarro, y el de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce.
“El Fiscal tiene en la balanza dos elementos, el presentado por el Procurador General y el presentado por nosotros en función de la responsabilidad, de la verdadera responsabilidad que para mí, sin ninguna duda, es del gobierno del presidente Morales y en absoluto del nuestro”, señaló el exgobernante a su salida del interrogatorio instalado en la sede del Ministerio Público, en Sucre.
El proceso de investigación fue solicitado por el procurador General del Estado Pablo Menacho, quien acusa a Mesa de la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; y conducta antieconómica.
Todo, por la reversión durante su gobierno de concesiones mineras a la transnacional chilena que luego le costó al país el pago de una indemnización de $us 42,6 millones tras un laudo arbitral.
“En mi respuesta yo planteé que yo no me consideraba de convicción una persona sujeta de una denuncia o una acusación que fuera justa y que me remitía a los tres memoriales que hemos presentado en mayo y en este primera quincena de junio como elementos de convicción para establecer una lógica distinta”, añadió.
Mesa presentó tres memoriales. En los dos primeros plantea que el acusado no debe ser él, sino que se considere una ampliación de la investigación a los funcionarios del Gobierno.
“Pero ya el tercer memorial de ayer (por el lunes) es una denuncia formal que le pide al fiscal abrir una investigación sobre los personeros del presidente Morales (entre ellas Menacho), por supuesto basado en cuatro irregularidades claves que son absolutamente coherentes”, detalló.
Entre las cuatro irregularidades a las que se refirió Mesa en su denuncia está que el Ministerio de Defensa Legal se retractó de un acuerdo formal oral verbal al que ya había llegado con la chilena Quiborax para cerrar amistosamente el pleito con el pago de $us 3 millones, y no los $us 42,6 millones que finalmente definió un laudo arbitral.
Además, observó que la transnacional utilizó un documento falsificado para sustentar el inicio del laudo arbitral y que se negoció con ejecutivos de Quiborax el desistimiento de un proceso por falsificación en contra del principal ejecutivo en oficinas de la Procuraduría.
Finalmente, dijo que se cometió la irregularidad de haber permitido que el Estado pierda los $us 42,6 millones “en virtud de estas insuficiencias y pésima defensa” del Estado.
“Como representante oficial para la causa marítima me duele profundamente el hecho de que el Procurador General me acuse a mí, que soy el portavoz oficial de Bolivia en la causa del mar, y le da la mano y le sonríe y le entrega $us 42 millones al abogado de Quiborax y al abogado de Chile en la causa marítima. Por eso consideramos que esas cuatro irregularidades son absolutamente coherentes y consistentes”, sostuvo.
Los exministros Gustavo Pedraza (Desarrollo Sostenible) y Luis Fernández Fajalde (Trabajo), quienes se sumaron a la denuncia de Mesa, alistan su comparecencia ante el fiscal Guerrero por el mismo caso.
El reiteradas ocasiones, el procurador Menacho afirmó que pese a que denunciaron el documento fraudulento al que hace mención Mesa, el problema de origen fue el decreto 2564 que rubricó para expulsar a Quiborax y que no se enmarca en la normativa boliviana, lo que provocó la perdida del laudo arbitral. (19/06/2018)
