El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba está impulsando un proyecto de ley cuyo objetivo principal es permitir que las personas que están recluidas de manera preventiva puedan abandonar las cárceles para poder defenderse en libertad. Se trata sin duda de una encomiable iniciativa, aunque adolece de un pequeño inconveniente: los propios reos deben costear estos aparatos.
En efecto, según confirmó a la prensa el presidente del TDJ de Cochabamba, el proyecto de ley que enviaron al Tribunal Supremo de Justicia contempla que los propios procesados sean quienes paguen el costo de las manillas. Premisa que, no sobra recordar, vulneraría un principio básico para garantizar que la justicia realmente llegue a todas las personas de manera equitativa: la gratuidad que debe imperar en los procesos jurídicos.
Y es que cuando la administración de justicia tiene un costo, tal como hoy en día ocurre en el país y con montos a veces astronómicos, en la práctica existen ciudadanos de primera (aquellos que pueden pagar por ejercer sus derechos) y de segunda (aquellos que no pueden costear los elevados gastos judiciales). Y el tener que pagar las manillas electrónicas para poder defenderse en libertad ahondaría aún más esta aberrante inequidad.
Ahora bien, más allá de este “detalle” que urge subsanar, la introducción de manillas electrónicas en el sistema carcelario del país traería grandes beneficios, tanto para los reclusos como para el Estado en general. Por un lado, permitiría que las personas que han sido imputadas pero todavía no han recibido una sentencia (nada menos que el 70% del total de los reclusos) puedan vivir junto con sus familias mientras son procesadas, conservando así su trabajo y evitando el contagio criminal de las cárceles.
Con ello, se resolvería en gran medida el insostenible hacinamiento que hoy impera en las cárceles del país, que en promedio han visto más que triplicada su capacidad para albergar a los reclusos, cuyos derechos, como el de salud, alimentación, educación, trabajo y una vivienda digna, se ven vulnerados cotidianamente. Esto pese a que las normas nacionales y los tratados firmados por el país conminan al Estado a garantizar que la restricción de la libertad no cause más limitaciones a los derechos del detenido que las establecidas por la ley en relación con su condena.
Por otra parte, el uso de manillas electrónicas permitiría reducir los elevados gastos que se destinan para la seguridad y alimentación de los reos y el mantenimiento de los penales. Ahorro que dicho sea de paso podría servir para financiar el costo de estos artefactos.
Y por si todo lo anterior no fuese suficiente, con este sistema, que permite monitorear la ubicación exacta del preso las 24 horas, la detención domiciliaria dejaría de ser una burla, como ocurre actualmente.
