En febrero se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional el artículo 129 del nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, que en 2014 autorizó “excepcionalmente” el trabajo infantil por cuenta propia desde los 10 años y bajo dependencia desde los 12 años. Esta sentencia del TCP fue emitida el 21 de julio de 2017; sin embargo, recién se la hizo pública este año. En ella la Sala Plena del TCP declara la inconstitucionalidad del mencionado artículo por ser “incompatible y contradictorio” con la Constitución Política del Estado, la Convención sobre los Derechos del Niño, y el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
No solo extraña el tiempo que pasó entre la emisión de la sentencia de inconstitucionalidad de la edad permitida para el trabajo infantil y su difusión, sino también la poca divulgación de esa determinación. ¿A quién le conviene hacer la vista gorda con esta medida? ¿Quién o quiénes están satisfechos con el trabajo de niños de 10 o 12 años? Es cierto que dentro de las familias, principalmente en el área rural, está arraigada la costumbre de iniciar a los niños en el trabajo a temprana edad, asignándoles tareas de colaboración familiar adecuadas a su fuerza y sin perjuicio de sus actividades de educación y juego.
Pero hay sectores poblacionales que confunden esa “colaboración” con cargas laborales de verdadera explotación. Aún es frecuente ver niños a altas horas de la noche cuidando autos; vendiendo dulces o cigarrillos en las puertas de restaurantes, discotecas, bares; o pidiendo limosna en equipo bajo el control de algún adulto oculto en las sombras. En todas nuestras ciudades hay zonas donde los niños y niñas trabajan exponiéndose a accidentes, a ser explotados o abusados sexualmente bajo la mirada complaciente o al menos indiferente de la sociedad en general.
Muchas organizaciones estatales y privadas, nacionales e internacionales, han trabajado durante años para terminar con los trabajos más peligrosos para los niños, como las ladrilleras, el trabajo en las minas o en la construcción. Sin embargo, quienes se benefician con la explotación infantil encontraron una justificación en el Código Niño, Niña y Adolescente aprobado en 2014, y ahora cierran los ojos y los oídos para no enterarse que el artículo 129 de esta ley fue declarado inconstitucional. Por eso, en Bolivia todavía existen más de 100.000 niñas y niños trabajadores de entre 7 y 12 años, según el Censo Nacional de 2012. Si en el país se ha avanzado en la reducción de la pobreza, eso debería notarse claramente en la erradicación del trabajo infantil, sin pretextar falsas costumbres culturales convenientes únicamente a la explotación.
