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Guillén: El juicio a Carlos Mesa busca recuperar lo que se pagó a Quiborax

Carlos Alarcón, el abogado del expresidente, responsabilizó al Gobierno por el pago de los $us 42,6 millones a la empresa, porque la defensa de Bolivia en el CIADI no invocó la “excepción de protocolo” para poner fin al arbitraje.

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Por Paulo Cuiza
La Paz / julio 23, 2018
en Nacional

El ministro de Economía, Mario Guillén, advirtió ayer que el juicio impulsado en contra del expresidente Carlos Mesa, por el caso Quiborax, apunta a recuperar los $us 42,6 millones que el Estado pagó por el laudo arbitral que la firma chilena ganó ante el CIADI.

“Básicamente los procesos que se han iniciado contra el expresidente Mesa van justamente en la recuperación de los 42 millones de dólares”, declaró el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, después de su participación en el programa El pueblo es noticia, difundido por medios estatales.

Bolivia pagó a la firma extranjera $us 42,6 millones por un fallo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El Gobierno culpó a Mesa por un “procedimiento ilegal” con el que se expulsó, en 2004, a la empresa que tenía bajo su administración 11 concesiones en el Salar de Uyuni para la explotación de ulexita.

“Si producto de una mala actuación, que es lo que ha pasado en este tiempo, nosotros tenemos que pagar 42 millones de dólares, entonces alguien ha actuado o ha hecho las cosas mal. En el caso del exgobernante Mesa, no ha seguido lo que él mismo ha hecho aprobar en sus normas. Tenía que hacer auditorías y seguir pasos para hacer esta reversión, no lo ha hecho y producto de esto es que tenemos un fallo en contra y obviamente tenemos que tomar las medidas necesarias para repetirle a quien nos ha causado este daño”, prosiguió Guillén.

Sin embargo, Carlos Alarcón, abogado de Mesa, responsabilizó al Gobierno porque la defensa de Bolivia no invocó la “excepción de protocolo” para poner fin al arbitraje.

Mesa, exmandatario entre 2003 y 2005, es acusado de haber cometido los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, por los que puede pasar hasta 10 años en prisión, si es encontrado culpable en un juicio que la Fiscalía General del Estado requirió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo requerimiento acusatorio será analizado este miércoles 25 de julio. Alarcón dijo que espera que el TSJ desestime la proposición acusatoria.

Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón. (23/07/2018)

en tendencia: GuillenJuicioMesaMMrecuperar

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