Ante la elevada mora que persiste en las principales entidades tributarias del nivel central (el Servicio Nacional de Impuestos y la Aduana), días atrás el Ejecutivo envió a la Asamblea un proyecto de ley que contempla condonar hasta el 95% de las multas y el 100% de los intereses a los contribuyentes individuales y a las empresas que se acojan a este programa en los próximos meses.
Con la aprobación de esta norma, las autoridades prevén recabar al menos Bs 5.980 millones de un total de Bs 29.900 millones que los contribuyentes adeudan al fisco por multas e intereses. Además, permitiría regular la situación de las empresas que hoy se encuentran en mora, algunas de las cuales previsiblemente siguen funcionando pero en la informalidad.
Se trata sin duda de una medida más que necesaria, más aún tomando en cuenta que en los últimos años no pocos contribuyentes han adquirido elevadas multas con el SIN por faltas u omisiones en sus declaraciones cuya existencia se enteraron solamente después de que las sanciones alcanzaran cifras astronómicas, por los intereses y otros gravámenes que se van sumando progresivamente. Además, no pocos negocios y empresas tuvieron que cerrar por confiar el pago de sus impuestos a contadores con mala intención y/o incompetentes que terminaron engañándoles o haciendo mal su trabajo, con las consiguientes sanciones que el SIN suele aplicar ante cualquier vulneración tributaria, independientemente de si hubo dolo o no en la infracción.
Sin embargo, como bien han señalado representantes del sector privado, este “perdonazo” puede resultar insuficiente, pues aún prevalecen las deficiencias en el actual Código Tributario que le permite al SIN aplicar multas contra los contribuyentes desde el mismo día en el que son detectadas las supuestas irregularidades. Hecho que vulnera la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso de los “infractores”. Además, lo lógico sería que si una persona ha cometido alguna vulneración a la norma, por ejemplo en el llenado de algún formulario, se le advierta oficialmente de esta irregularidad y se le permita presentar sus descargos y/o se le dé un tiempo prudente para corregir los errores antes de aplicar las sanciones e intereses, que cada día se incrementan geométricamente, tal y como hoy ocurre.
Por último, urgen mayores facilidades a la hora de pagar impuestos, especialmente para quienes trabajan de manera independiente o cuentan con un negocio unipersonal. Por ejemplo, permitiéndoles honrar sus deudas tributarias de manera directa, una sola vez al año, a través de cuentas bancarias, por medio de programas de fácil manejo que calculen el monto a cancelar, y sin la necesidad de tener que acudir a contadores legalmente reconocidos. Esto no solo evitaría estafas fomentadas por contadores de mala fe, sino también impulsaría una mayor formalidad en la economía.
