Bolivia pagó a la fecha “aproximadamente $us 800 millones” en procesos de arbitraje internacional, pero logró “alrededor de $us 2.300 millones de ahorro” al bajar la pretensión de los demandantes, destacó ayer el procurador del Estado, Pablo Menacho.
“Hemos cerrado 14 casos y hemos seguido una lógica de negociación y de defensa del Estado boliviano. Se ha logrado bajar de una manera sumamente importante todos los montos que han sido demandados en contra de Bolivia”, indicó la autoridad al término de una entrevista que concedió a los medios estatales Patria Nueva y BTv.
El tema cobró relevancia luego de que se confirmara el laudo arbitral en el caso instalado por Quiborax S.A. & Non Metallic Minerals contra el país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi).
El gobierno del expresidente Carlos Mesa (2003-2005) revirtió las concesiones mineras a la transnacional chilena que luego le costaron al país el pago de una indemnización de $us 42,6 millones. Pero el laudo arbitral había determinado el pago de $us 57 millones, unos “$us 14 millones menos”, según Menacho.
“Así lo hemos hecho en absolutamente todos los casos y hemos ahorrado para el Estado al menos un 80% de los montos demandados en absolutamente todos los casos y es la misma lógica que se utilizó en el cumplimiento de la sentencia internacional” de Quiborax, señaló el funcionario.
Informe de la Procuraduría
En la Memoria Institucional de la Procuraduría de 2017 se precisa que producto de la nacionalización, las empresas transnacionales pretendían una compensación de más de $us 3.404.000.000, pero que el monto cancelado fue de $us 828.300.000 que representa un ahorro de 76% en los casos resueltos.
Para el exmandatario Mesa, investigado por la Fiscalía en el caso Quiborax ha pedido expreso de Menacho, las nacionalizaciones del gobierno del presidente Evo Morales “le han costado a Bolivia alrededor de $us 1.000 millones de dólares en compensaciones” y pasivos de las nacionalizadas.
El martes pasado, el expresidente declaró ante el fiscal General Ramiro Guerrero y ratificó que la administración de Morales es la responsable de caso. Bajo esa premisa denunció un día antes a cuatro funcionarios, entre ellos los ministros de Minería, César Navarro, y de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, además de Menacho.
Este último reclamó ayer que “Mesa ha demostrado su total falta de voluntad para cooperar con la investigación” y reveló que un informe de 2008 ya lo identificó como responsable del perjuicio, pero se descartó un proceso. “No podíamos generar prueba en contra, cómo íbamos a defender al Estado”, argumentó el Procurador. (214/06/2018)
