El procurador del Estado, Pablo Menacho, deshució este miércoles el pedido del expresidente Carlos Mesa para iniciar un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales por la nacionalización de la Empresa Eléctrica Guaracachi SA en 2010.
Argumentó que este proceso fue legal, a diferencia de lo que ocurrió con la empresa chilena Quiborax, cuyas concesiones mineras fueron revertidas en la gestión de Mesa con un procedimiento fuera de norma, lo que al final derivó en un arbitraje internacional que perdió Bolivia y que costó al Estado $us 42.6 millones por pago de una indemnización.
El 23 de julio Mesa envió a Menacho una carta en la que le dice que, en cumplimiento del artículo 14 de la Constitución Política del Estado que establece trato igualitario para todos los ciudadanos, «debe acusar al presidente Evo Morales por la expropiación de Guaracachi» o, de lo contrario, “retirar la acusación en mi contra”.
Esta segunda solicitud también fue rechazada por Menacho, en una carta de respuesta que esta mañana fue leída por el subprocurador Javier Moncada en una conferencia de prensa. En este caso, argumenta que legalmente no es posible retirar la demanda y sugiere a Mesa informarse adecuadamente.
“El retiro de la proposición acusatoria no existe. Lo invito y conjuntamente con usted a su abogado Carlos Alarcón a revisar con el mayor cuidado la Ley 044 modificada por la Ley número 612 en su artículo 14, que dispone que una vez presentada la proposición acusatoria es potestad exclusiva del Fiscal General: 1.Formular un requerimiento acusatorio (como en efecto lo hizo) o 2. Rechazar la proposición acusatoria y archivar el caso”, refiere la misiva.
Luego agrega una estocada para referirse al procedimiento que siguió Mesa en el caso Quiborax: “Pero qué sabe usted de potestades, que hizo de Superintendente de Minas y confundió revocación con nulidad, y confunde ilegalidad con pecado; el último corresponde a lo divino y la primera a los tribunales de justicia, que es donde está su caso”.
Posteriormente expone argumentos para diferenciar la “mala nacionalización” que ejecutó Mesa en su gobierno y la “buena nacionalización” que llevó adelante el gobierno de Evo Morales en el caso de Guaracachi.
“En términos sencillos, la nacionalización de la Empresa Eléctrica Guaracachi por nuestro Gobierno, a la cabeza del Presidente Evo Morales fue legal al haber cumplido con el ordenamiento constitucional y jurídico interno de Bolivia. Legalidad equivale a haber cumplido con el derecho nacional e internacional, aquello de lo que se prescindió en la expulsión de la empresa chilena Quiborax S.A.”, argumenta Menacho en su carta.
Esta tarde la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Sucre, decidirá si envía la solicitud de inicio de juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa por el caso Quiborax, proceso que comenzó con una denuncia presentada justamente por Menacho. (25/07/2018)
