Con el juicio de responsabilidades en puertas, el expresidente Carlos Mesa acusó este miércoles al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ser un “brazo ejecutor” del Gobierno para persecuciones políticas con el fin de «criminalizar la política”.
Mesa reaccionó así después de conocer la decisión de la Sala Plena del TSJ de validar la proposición acusatoria en su contra, presentada por el Ministerio Público a petición de la Procuraduría del Estado, por el caso Quiborax a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que ésta autorice o rechace un juicio de responsabilidades.
“La decisión del TSJ no hace otra cosa que confirmar las presunciones que teníamos (…) que el Ministerio Público y el TSJ son un brazo ejecutor de este sistema de persecución que es judicializar o criminalizar la política a través de procesos penales o en el caso mío de juicios de responsabilidades que sustituyan a los tanques, ametralladoras y charreteras”, sostuvo.
Presidente entre 2003 y 2005, Mesa dijo que la persecución política en su caso se transforma y disfraza como una búsqueda de transparencia “que no existe” y “que no es otra cosa que un linchamiento a través de un proceso judicial”.
Por el caso Quiborax, el Estado pagó a esta empresa chilena $us 42,6 millones como indemnización tras perder un laudo arbitral y la actual gestión de Gobierno responsabilizó por este hecho a la gestión de Mesa en la cual se expulsó a la compañía y se le anuló 11 concesiones en el Salar de Uyuni.
En mayo, la Procuraduría General del Estado presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la proposición acusatoria contra Mesa por incumplimiento de las leyes y la Constitución y daño económico al Estado.
“Soy consciente de que soy una víctima de una persecución política de la criminalización de la política y soy consciente que mi deber como ciudadano es demostrar al país que estamos dispuestos a que como ciudadano demostrar cómo funciona y cuan podrido está el sistema judicial”, remarcó el exmandatario.
El presidente del TSJ, José Antonio Revilla, adelantó que la proposición acusatoria será remitida ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sea esta instancia la que autorice o rechace el inicio de un juicio de responsabilidades en contra de Mesa.
“Viene ahora el paso siguiente que es el de la Asamblea Legislativa, vamos a esperar su palabra, no soy muy optimista de lo que vaya a decidir por lo que ayer ya adelanto el Presidente del Senado (…) Un juicio de responsabilidades es automáticamente un juicio penal y todo juicio penal tiene como objetivo final una condena que implica la cárcel. El juicio es la cárcel y ese es el objetivo final”, declaró.
Mesa acusó una vez más al exprocurador y actual ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, de ser el responsable de que Bolivia pierda un litigio internacional y se pague $us 42 millones a Quiborax.
“Lo que hace el Gobierno de Evo Morales conmigo es un ejercicio de demolición de mi figura política y de mi honor personal. Esa estrategia se puede traducir en la vergonzosa acusación a alguien que ha nacionalizado el Salar de Uyuni y a alguien que ha expulsado a una empresa pirata”, dijo. (25/07/2018)
