El expresidente Carlos Mesa anunció este jueves que solicitará audiencia a la Comisión Mixta que conforme la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para tratar el pedido de su enjuiciamiento por el caso Quiborax, que ayer fue aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Voy a pedir a la Comisión Mixta que me escuche, espero que lo haga porque creo que se trata de un proceso que tiene que seguir normas del Estado de derecho”, anunció en declaraciones a la red PAT, poco antes de tomar un vuelo con destino a Cochabamba.
El TSJ decidió ayer solicitar a la ALP la autorización para el inicio de un juicio de responsabilidades contra el exmandatario y tres de sus exministros, acusado de emitir resoluciones contrarias a la ley, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por la reversión de concesiones a Quiborax, lo que al final activó un arbitraje contra Bolivia que le impuso el pago de una indemnización de $us 42,6 millones por mal procedimiento.
De acuerdo a la Ley 044 para el enjuiciamiento de altas autoridades, una vez que la solicitud del TSJ llegue a la ALP, esta conformará una Comisión Mixta entre senadores y diputados del oficialismo y oposición, que deberá elaborar un informe para recomendar al plenario si se autoriza o no el juicio de responsabilidades.
Mesa dijo que será en esta instancia en la que pedirá que se escuchen sus argumentos sobre este caso, aunque en anteriores declaraciones había anticipado que también realizaría una solicitud similar cuando el informe de la Comisión Mixta se trate en el plenario.
El expresidente argumenta que su gobierno siguió los pasos correctos para la reversión de concesiones y que Quiborax enjuició a Bolivia con base en documentación falsa, por lo que la responsabilidad recae en los responsables de la defensa del Estado, en este caso el procurador Pablo Menacho, el exprocurador y actual ministro de Justicia, Héctor Arce y el ministro de Minería, César Navarro.
“Esta es una persecución política. Yo firmé un decreto supremo absolutamente legal, del cual me ratificó plenamente, me refiero a la expulsión de Quiborax, y quienes negociaron y pagaron 42 millones de dólares son los miembros del actual gobierno, que están tratando de sacarse de encima su responsabilidad y trasladármela a mí”, afirmó.
Mesa envió al TSJ al menos media decena de cartas para explicar sus argumentos y solicitar que se rechace la acusación planteada en primera instancia por el Fiscal General, Ramiro Guerrero. No tuvo éxito.
Posteriormente acudió con la misma estrategia al procurador Menacho, a quien planteó retirar su denuncia o, en su caso, solicitar el inicio de un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales por la nacionalización de la Empresa Eléctrica Guaracachi SA, ya que en su criterio este proceso es similar al caso Quiborax.
En su respuesta al expresidente, la autoridad argumentó que la nacionalización de Guaracachi fue legal, a diferencia de lo que ocurrió con Quiborax, cuyas concesiones mineras fueron revertidas en la gestión de Mesa con un procedimiento fuera de norma.
También descartó la posibilidad de retirar su acusación. “El retiro de la proposición acusatoria no existe. Lo invito y conjuntamente con usted a su abogado Carlos Alarcón a revisar con el mayor cuidado la Ley 044 modificada por la Ley número 612 en su artículo 14, que dispone que una vez presentada la proposición acusatoria es potestad exclusiva del Fiscal General: 1.Formular un requerimiento acusatorio (como en efecto lo hizo) o 2. Rechazar la proposición acusatoria y archivar el caso”, escribió.
En la ALP aún no se informó sobre la fecha en que este asunto será tratado para que, de inicio, se conforme la comisión mixta que debe elaborar el informe sobre el pedido de autorización de juicio de responsabilidades contra Mesa y sus exministros Gustavo Pedraza (Desarrollo Sostenible), Freddy Escobar (Minería e Hidrocarburos) y Luis Fernández (Trabajo). (26/07/2018)
