La idea de aplicar castración química a varones violadores de niños, niñas y adolescentes ha vuelto a la agenda pública al conocerse que, por una parte, una asambleísta por Chuquisaca ha propuesto elaborar una norma al respecto y, por otra, la Alcaldesa de El Alto ha presentado un anteproyecto de ley en el mismo sentido. La idea no necesariamente es buena, aunque lo parezca.
En el primer caso, se trata de una legisladora del Partido Demócrata Cristiano (PDC) quien reconoce que “pese a endurecer las sanciones contra los violadores, las cifras del abuso sexual a menores no disminuyen”, pero al mismo tiempo propone “un proyecto de ley que castigue a estas personas”; para avanzar en su intento, la diputada está consultando su propuesta con mujeres indígenas de todo el país.
La segunda propuesta, en la que se establece la modificación del Código Penal, fue entregada el jueves a la Asamblea Legislativa por la Alcaldesa de El Alto, quien reconoce que esta sanción en particular “implicará un recurso económico porque es un procedimiento médico”; su idea ante este obstáculo es plantear “que los mismos violadores paguen”.
Llama la atención que en el primer caso la legisladora esté consciente de que el endurecimiento de las penas no ha logrado disuadir a los potenciales violadores de seguir cometiendo su aberrante crimen, y sin embargo proponga elevar la gravedad del castigo. En el segundo caso, además del hecho de que este tipo de propuestas normativas no son propiamente competencia de una autoridad local (que tiene en sus manos la administración de uno de los municipios más complejos del país), destaca el que se esté proponiendo un tratamiento hormonal muy costoso en un país donde el sistema penal no tiene recursos ni siquiera para garantizar una alimentación suficiente a los miles de personas que viven en los centros penitenciarios.
Hasta donde se sabe, la castración química, que consiste en inyectar al perpetrador una sustancia que actúa sobre la glándula hipófisis, bloqueando la producción de hormonas sexuales y disminuyendo la libido. En los hechos, esta forma de sanción, que además de ser excesivamente costosa, pues la inyección debe repetirse periódicamente durante toda la vida, ya que de lo contrario los efectos se revierten, parte del principio de que la violación sexual es únicamente motivada por un desorden hormonal o porque los varones tienen una suerte de “lado animal” que no logran controlar.
No hace falta ser feminista o haber estudiado la abundante literatura producida desde ese paradigma para comprender que la agresión sexual de varones hacia mujeres (o niños y niñas) está menos motivada por los instintos sexuales que por un afán de poder y dominio sobre los cuerpos y las voluntades de las víctimas. Castrar a los violadores tal vez ayudaría a combatir el síntoma, pero la enfermedad patriarcal que lo produce seguirá cobrándose víctimas mientras no se actúe sobre ella.
