Cuando en diciembre de 2006 se emitió un decreto supremo prohibiendo la importación al país de automóviles de segunda mano e indocumentados así como su circulación, se pensó que se estaba evitando una potencial crisis; sin embargo, los autos chutos no han dejado de ingresar al país y ahora circulan libremente en las ciudades intermedias, lo cual es muy problemático.
Un reciente reportaje publicado en nuestra edición dominical demuestra que en ciudades como Caranavi, Mapiri, Irupana, Tipuani, Inquisivi y Apolo, casi todos los coches que prestan el servicio de transporte de pasajeros son indocumentados y son usados libremente sin placas de circulación ni, obviamente, licencia municipal para prestar el servicio. Hasta donde se sabe, la situación se repite en muchas otras ciudades del todo el país.
El problema, que en los últimos años ha sido denunciado episódicamente en éste y en muchos otros medios de información, ha vuelto a la agenda pública gracias a que a inicios de julio el presidente y el Secretario del Concejo Municipal de Apolo fueron detenidos preventivamente por una resolución edil que autorizaba la circulación de vehículos sin placas en ese municipio. Semanas después, la Alcaldesa interina de ese municipio fue aprehendida por vender rosetas de la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH), sin las cuales no se puede comprar gasolina.
La situación no es fácil para las y los alcaldes, pues por una parte no tienen medios para impedir la continua llegada de coches indocumentados; mientras que, por otra, deben imponer su autoridad tanto sobre la prestación del servicio de transporte de pasajeros como en materia de seguridad ciudadana, sobre todo, pues estos vehículos suelen ser empleados para cometer delitos.
Ante las iniciativas que buscan siquiera producir registros confiables de conductores dedicados al transporte de pasajeros, la presidenta de la Aduana Nacional ha recordado que ninguna autoridad municipal puede registrar automóviles, pues incurriría en usurpación de funciones; y que más bien su obligación es denunciar a los ilegales. El Viceministro de Lucha contra el Contrabando se ha pronunciado en el mismo sentido.
A este panorama debe añadirse que el problema no solo está en la oferta, sino también en la demanda del servicio de transporte de pasajeros, pues cada vez más gente en esas ciudades requiere trasladarse de un punto a otro, empleando para el efecto los coches sin placas. Es fácil imaginar que aquí hay un potencial conflicto con la población.
Ciertamente no es fácil encontrar una solución aceptable para todas las partes, habida cuenta de la muy extendida cultura de la excepción. Sin embargo, de no hacerlo, el problema solo puede profundizarse, demostrando que aunque tenga presencia física, el Estado sigue sin tener el poder necesario para imponer la ley en todo el territorio nacional.
