El ingreso de los 10 mexicanos más ricos es equivalente al de 60 millones de mexicanos pobres, dijo hoy Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la presentación del informe «La ineficacia de la desigualdad».
Elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y presentado en la Facultad de Economía, el informe analizan y mide los efectos de la falta de acceso a la salud, educación, ingresos y discriminación por género o condición étnico-racial en una de las regiones más desiguales del mundo.
«El documento refleja la lacerante inequidad, que es como un monstruo que se alimenta a sí mismo, y si no la combatimos, nos destruirá por su propia ineficiencia», declaró Graue durante su intervención.
Expuso que en 2017 «los recursos de los 10 mexicanos más ricos equivalían al total de ingresos del 50 % de los más pobres, es decir, de casi 60 millones de personas».
Mientras que en 2002 la fortuna de los cuatro mexicanos más ricos representaba el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) y para el 2014 ascendió al 9 %.
«Al crecer la pobreza y acrecentarse la brecha de desigualdad, las oportunidades escasean, la desesperanza crece; se generan tensiones sociales y con ello inseguridad. La cultura del privilegio alimenta la corrupción y las carencias de los satisfactores sociales conllevan a un deterioro ambiental», aseguró Graue.
En su intervención la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, explicó que el documento propone una nueva generación de políticas fiscales con énfasis en el gasto público, pero sobre todo, en el combate a la evasión fiscal y los fondos ilícitos.
Además, establece que la igualdad es un valor fundamental, un principio ético irreductible y condición esencial para un modelo de desarrollo centrado en el cierre de brechas.
«Se trata de igualar para crecer, la desigualdad es injusta, ineficiente e insostenible y genera instituciones que no promueven la productividad y la innovación porque castiga la pertenencia de clase, etnia, género y lleva a su máxima consecuencia la cultura del privilegio que naturaliza las desigualdades, lo que es inaceptable», apuntó.
Ante ello es necesario «eliminar la cultura de los privilegios», que afecta principalmente a la mujer. «Si somos capaces de ir de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad, podremos lograr un beneficio social que incluya no solo a las generaciones actuales, sino también a las futuras», comentó.
Explicó que la desigualdad es ineficiente porque pone barreras a la educación que se transmiten entre generaciones, al acceso a la salud que reducen la productividad y la esperanza de vida, fomenta la discriminación por etnia, raza, género o clase, y promueve la evasión fiscal.
«Por eso, nosotros proponemos una nueva generación de políticas fiscales con instituciones renovadas que abran espacios para actuar en el campo social y asegurar que nadie se quede atrás, tal como lo indica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» -aprobada por las Naciones Unidas en 2015-, indicó Bárcena.
El documento propone una macroeconomía que, sin despreocuparse del control de la inflación y la gestión cautelosa de las finanzas públicas, se base en fiscalidad progresiva, el gasto con prioridad en la provisión de bienes públicos y el aprovechamiento productivo de las capacidades laborales.
Además del fomento de una política industrial para la innovación y el equipamiento y construcción de infraestructura respetuosa con el medioambiente.
