La literatura política dice poco acerca del carácter institucional informal de las Fuerzas Armadas, aunque éste se revele empíricamente de múltiples maneras. En cambio, su carácter institucional es precisado por la concepción sociológica del Estado, según la cual este ente político se caracterizaría por el monopolio del uso de la fuerza; por lo que las FFAA constituirían el brazo operativo, o el dispositivo, del carácter represivo del Estado. De ahí que a partir de dicha concepción se haya producido la idea teórica del Estado policía, aunque sabemos, por efecto del fatídico octubre de 2003 que nos obligó a entender las diferencias, que institucionalmente Policía no es lo mismo que FFAA.
Así, en términos formal-institucionales y por mandato constitucional, las FFAA están llamadas a ser las guardianas de la soberanía nacional y de la seguridad del Estado, por cuyo sentido se subordinan al poder civil. Es decir, constitucionalmente las FFAA no constituyen un poder autónomo e independiente del Estado. Sin embargo, en el plano de la informalidad institucional o la informalidad institucionalizada, lo dicho está lejos de ser cierto.
Una evidencia de ello lo proveyó hace poco un militar retirado que en ocasión del robo de la medalla y la banda presidencial apareció en un programa televisivo para dar su opinión del hecho. El exmilitar afirmaba que las FFAA constituyen realmente un poder, aun cuando constitucionalmente solo son reconocidos como poderes del Estado el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; y aunque informalmente la prensa suela representar el cuarto poder del Estado y en la actualidad se considere que las redes sociales constituyen un quinto poder. De hecho, en algunos países se considera que ese quinto poder lo conforman los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control social.
Nuestra propia Constitución no reconoce poder alguno a las FFAA, aunque históricamente éstas detentaran el poder del Estado; y simbólicamente, en ese plano siempre informal, representen una jerarquía social uniformada. Evidencia de ese poder es también el hecho de que las FFAA constituyen un pequeño Estado dentro del propio Estado que están llamados a precautelar.
De ahí que los militares no constituyan solamente un grupo privilegiado, sino también en crecimiento, aunque el país no atraviese por tiempos de guerra, ya que según datos del Banco Mundial, de tener 27.600 efectivos en 1985, en 2016 las FFAA llegaron a contar con 71.200 efectivos. No solo eso, una evidencia más notoria de su poder informal es que desde la recuperación de la democracia, las FFAA se convirtieron en un sector políticamente estratégico que todo gobierno prefirió tener de su lado, otorgándoles ciertos beneficios.
Por ejemplo, según un estudio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, en el actual periodo de gobierno el alza salarial de los militares fue de un 22% más que el resto de la población, además de los nueve bonos con los que cuentan (Página Siete, 09.08.2018). Y según la Ley Orgánica de las FFAA, los militares cobrarían hasta 60 sueldos sin trabajar, por dos o cinco años, antes de cumplir con los 35 de servicio (Página Siete, 08.10.2017). Tal es el costo de su subordinación y constancia.
Hasta hace poco, aunque por un asunto que nada tiene que ver por ejemplo con los casos de violencia en los que incurren sus efectivos, los militares reconocieron haber llegado a otro momento de crisis, pero aquel poder informal relució no por lo dicho por un militar retirado, sino por la propia actitud del Comandante en Jefe de las FFAA, es decir, el Presidente, quien simplemente lamentó el hecho y demandó castigo ejemplar para los responsables.
