En una anticipada pulseta electoral, la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que aglutina a sectores afines al oficialismo, y los bloques opositores que piden respeto al 21F y que están conformados por plataformas, cívicos y organizaciones políticas, medirán fuerzas el 10 de octubre, Día de la Democracia.
Bolivia conmemorará ese día 36 años de la restitución de la democracia, ocurrida el 10 de octubre de 1982, cuando Hernán Siles Zuazo juró como Presidente Constitucional, luego de 18 años de dictadura militar.
Primero fueron los oficialistas los que lanzaron la convocatoria. Lo hicieron el martes, tras una reunión con el presidente Evo Morales. Llamaron a nueve marchas regionales para defender la democracia, celebrar el cese de la dictadura y, sobre todo, anular el resurgimiento del modelo neoliberal que, aseguran, lo promueven plataformas y bloques opositores en torno al referéndum del 21 de febrero de 2016.
En esa consulta ciudadana se rechazó la posibilidad de reformar la Constitución Política del Estado para habilitar una nueva repostulación del presidente Evo Morales en 2019 con el 51,3% de los votos. Sin embargo, un polémico fallo constitucional validó la repostulación un año después.
“No se puede entender ahora que algunos militantes de la derecha aparezcan como defensores de la democracia. Qué doble moral, por eso una reacción tan natural de nuestros movimientos sociales”, justificó Morales.
La respuesta llegó en la tarde y la noche del mismo día. La activista Gisela Asbún, de la plataforma ciudadana Recoleta, de Cochabamba, anunció que las plataformas del 21F coordinan un paro con los cívicos del país para el mismo 10 de octubre.
Las protestas opositoras no solo exigen el respeto a los resultados del 21F, sino que también cuestionan la reciente promulgación de la Ley de Organizaciones Políticas, con cuyos plazos se perfilan las inéditas primarias partidarias para enero de 2019, lo que pone en apuros a los frentes de la oposición.
“Estamos convocando a la población que salga a la calle. Lo vamos a pelear en la calle sin miedo, hemos derogado un Código Penal y vamos eliminar esta ley que atenta a la CPE”, anunció en declaraciones a radio Fides.
Además precisó que el “paro cívico” alcanzará a “bloqueos contundentes” que se coordinarán con “partidos políticos, instituciones, comité cívicos y a todos los que son parte. No vamos a permitir que vuelva a postular al señor y no respete el voto del pueblo del 21 de febrero”.
La Iglesia Católica, que también cuestionó el afán de repostulación de Morales, ha exteriorizado la promulgación de esa ley y consideró inoportuna su vigencia en un clima que tiende a la confrontación.
“Las celebraciones de primarias son importantes y se han realizado en muchos países. Mi inquietud es saber si este es el momento más adecuado y oportuno de promulgar una ley como esta que puede crear enfrentamiento, disturbios y puede dividir al país en dos bandos”, consideró el arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez.
Empero, la postura del oficialismo es clara. “Las organizaciones indígenas originarias campesinas, las y los asalariados del país y las organizaciones populares movilizados enfrentaremos cualquier intento de restauración neoliberal que utilice las banderas de la democracia”, reseña el manifiesto aprobado por Conalcam y que fue leído por el profesor Freddy Mamani.
Para Fernando Cuellar, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, “la lucha continúa en contra del abuso de poder”. Cuestionó que el oficialismo se atreva a hablar de democracia cuando pretenden “reelegir por la fuerza” a través de “instrumentos” sometidos al poder político.
“Lamentablemente las dictaduras no solo significa que hayan botas, las dictaduras son también civiles en este caso, esta es una dictadura civil que quiere imponer por encima de la ley y la voluntad soberana del pueblo boliviano”, sostuvo Cuellar al medio radial.
(05/09/2018)
