El 27 de septiembre, aprovechando la celebración de la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas, 14 países latinoamericanos ratificaron el Acuerdo de Escazú, tratado que obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro para las personas, grupos u organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos relacionados con temas medioambientales; entre otros compromisos.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales fue gestado en marzo en la ciudad costarricense de Escazú, de allí su nombre abreviado. Bolivia fue uno de los países impulsores de este convenio, pero aún no lo ha ratificado, porque, según la Cancillería, ni el Presidente ni el Canciller pudieron participar en la ceremonia de suscripción. Sin embargo, el proceso para que el resto de los países se sumen a esta cruzada estará abierto durante dos años. Tomando en cuenta la importancia de este acuerdo, es de esperar que Bolivia no solo lo ratifique cuanto antes, sino sobre todo que adopte medidas encaminadas a garantizar las disposiciones impulsadas por este convenio.
Y es que según explican sus impulsores, entre los que se encuentra la CEPAL, se trata de una “plataforma pionera para avanzar hacia el acceso pleno a la información de los ciudadanos, a la participación más allá de la consulta y a la justicia ambiental”. Por ejemplo, algunas de sus disposiciones buscan proteger a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales; medida más que necesaria en una región en la que solamente el año pasado asesinaron a al menos 120 activistas medioambientales, el 60% del total de homicidios por esta causa en el mundo.
La mayoría de los homicidios se producen en conflictos relacionados con la apropiación y la explotación de los recursos naturales, particularmente de territorios indígenas y áreas protegidas. Ese fue el caso de Berta Cáceres, activista hondureña reconocida en el mundo por su lucha en favor del medioambiente y de los pueblos indígenas que fue asesinada el 2 de marzo de 2016. Todo indica que su asesinato fue motivado por una de sus principales victorias, la paralización de una represa que estaba siendo construida por una empresa constituida por capitales chinos (Desarrollos Energéticos S.A). Sin embargo, este crimen sigue en la impunidad. Y lo propio ocurre con muchos otros casos como el asesinato del líder indígena Isidro Baldenegro, defensor de los bosques nativos de México, acribillado en enero de 2017.
Estamos hablando de seres humanos que están siendo asesinados por proteger no solo a las comunidades indígenas, sino también a los bosques del planeta, cuya supervivencia está íntimamente ligada a la preservación del planeta. Por ello, lo mínimo que los Estados deberían hacer es garantizar su seguridad y su vida. De allí la importancia de ratificar y poner en práctica el Acuerdo de Escazú.
