La exparlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rebeca Delgado denunció este viernes que el Gobierno a la fecha incumple el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ordenó, en abril de este año, el pago de una indemnización económica por privarla de participar de las elecciones subnacionales en 2015. Recordó que el 12 de octubre vence el plazo para el cumplimiento de la sentencia.
«Tomo la palabra al Min. Héctor A.exProcurador del Estado! Cuándo cumplirán el Dictámen del Comité DDHH-ONU respecto a la vulneración d mis derechos civiles y políticos? El viernes 12 Oct se cumple el plazo y el Estado boliviano no tuvo comunicación para reparar daños» (Sic), escribió la exparlamentaria en su cuenta de la red social Twitter.
Así reaccionó la expresidenta de la Cámara de Diputados a una declaración del Ministro de Justicia en sentido de que Bolivia respeta el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que el 1 de octubre decidió rechazar por 12 votos a 3 el pedido boliviano de obligar a Chile a negociar “de buena fe” una salida con soberanía al mar.
El 18 de abril de este año, el Comité de Derechos Humanos del la ONU determinó que los disidentes del MAS, Delgado y Eduardo Maldonado, deben recibir un pago económico porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) vulneró sus derechos políticos al no permitirles postular en las elecciones subnacionales de 2015, en las que Delgado buscó ser candidata a la Alcaldía de Cochabamba.
Una circular del TSE prohibió a los asambleístas nacionales del periodo 2010-2015, como Delgado y Maldonado, postular a cargos subnacionales, a excepción de los cargos de gobernador y asambleísta departamental. Además estableció que los candidatos a alcaldes tenían que haber residido los dos años previos en el lugar donde deseaban postular.
El fallo establece el pago de un resarcimiento y un compromiso del Estado para que no vuelva a presentarse hechos como el denunciado.
El fallo del Comité de la ONU señala textualmente: Bolivia «tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral y la aplicación del mismo sean acordes con el artículo 25 del Pacto» (referido a derechos políticos), que entre otras cosas señala que todos los ciudadanos tienen derecho a «tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país».
