En Chile y Bolivia se preparan para recibir el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima. Los presidentes Evo Morales y Sebastián Piñera serán quienes deberán dar los pasos para el cumplimiento de ese fallo, lo que en criterio del agente de la causa Eduardo Rodríguez pone a ambos mandatarios frente a “una oportunidad de hacer historia”.
El también expresidente hizo seguimiento y fue parte del equipo que trabajó en la demanda que se presentó contra Chile para que honre sus compromisos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Pacífico, que arrebató tras una invasión y la guerra de 1879. El Tratado de 1904 no terminó de zanjar el conflicto.
“Es un enorme desafío para los pueblos chileno y boliviano y sus líderes, para los dos presidentes. El presidente Morales y Piñera tienen una oportunidad de hacer historia, en recuperar un sentido de justicia y de vecindad, mucho más atento a lo que los pueblos han exigido”, sostuvo en una entrevista con la estatal Patria Nueva.
Piñera asumió por segunda vez el mando de su país en marzo pasado en reemplazo de Michelle Bachelet, quien también culminaba su segundo mandato. Durante el primer gobierno de Piñera se congeló la agenda bilateral de 13 puntos, que incluía el tema del mar. No hubo avances en ese tema central de la agenda boliviana, lo que derivó en la presentación de la demanda.
El 1 de octubre se conocerá el fallo. Autoridades de Chile llamaron a la serenidad y reafirmaron que la integridad territorial de su país no está en juego.
Morales auguró el miércoles que tras la lectura del veredicto se abra una “nueva historia» en las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile y se encamine la resolución de los asuntos pendientes, entre ellos la centenaria demanda de salida soberana al Pacífico.
Rodríguez consideró que llegó el momento de “encontrar un nuevo espacio de convivencia, mucho más fraterno con Chile”.
Ambos países mantienen una relación compleja y tienen también radicada en la CIJ una demanda por derechos sobre el agua del Silala, un recurso ubicado en la frontera y que hace más de 100 años fue desviado artificialmente hacia Chile amparado en una concesión que actualmente está anulada.
