Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, Argentina se encontraba en recesión con una inflación de 24% y una tasa de desempleo de 7%. La propuesta de campaña de Cambiemos (partido de Macri) fue reducir la inflación a un dígito hasta 2019, un crecimiento económico sostenido impulsado por una mayor inversión extranjera directa y la eliminación de las restricciones a la compra y venta de dólares, mecanismo conocido como “cepo cambiario”.
Los primeros anuncios sorprendieron con la eliminación del cepo, a los pocos días de que Macri asumió la presidencia en diciembre de 2015. La segunda jugada maestra se dio en marzo, al anunciar el arribo a un acuerdo con los holdouts [fondos buitre] quienes fueron los acreedores de la deuda externa argentina y se rehusaron a la reestructuración que había generado el default en 2001/2002, y llevaron a la Argentina a un proceso litigante en los Estados Unidos. Consecuencia de lo anterior, en abril el país retornó a los mercados internacionales con una ambiciosa emisión de bonos de $us 16.500 millones. Hasta ahí la política económica mostraba sus credenciales y se vendía como el proceso más exitoso de liberalización cambiaria.
Han pasado cerca de 1.000 días de gobierno de Macri y todavía la gente se pregunta ¿qué ha fallado?, ¿por qué el milagro económico prometido no se materializó? Desde el Gobierno, la culpa se la atribuyó enteramente a Cristina Fernández, que le dejó ‘un país en llamas’; pero con el tiempo el discurso se fue desgastando. Luego, le echó la culpa al contexto externo adverso, resultado del endurecimiento de las condiciones financieras, la salida de capitales de los países emergentes por la subida de tasas de interés de la FED [Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos], el fortalecimiento del dólar y por la mayor sequía de los últimos años, que redujo la oferta agroindustrial exportable.
Pero la verdad es otra. El modelo económico que propuso Macri se basó en una dependencia excesiva del sector externo para crecer y corregir los desequilibrios internos. Al liberalizar el tipo de cambio y el sector financiero, se esperaba un flujo importante de divisas al país a través de las exportaciones (que ya no estaban gravadas) y la entrada de inversión extranjera directa suficiente para inundar el mercado cambiario de dólares, que haga a su vez de la flotabilidad cambiaria una política sostenible. La inversión privada extranjera simplemente no llegó al país. En 2017 representó 0,21% del PIB, mientras que los cinco años antes representó 1,8% en promedio. La razón no se halla en la subida de las tasas de la FED sino que la inestabilidad macroeconómica interna ahuyentó nuevos negocios.
Macri sostuvo que el crecimiento económico estaría impulsado por el sector exportador (estimulado por un tipo de cambio en teoría más competitivo), las concesiones privadas de recursos naturales en la minería e hidrocarburos y la disminución gradual de las tasas de interés. Empero, a pesar de la devaluación, la competitividad del país se ha reducido en la industria, ahogando a las pymes por los altos costos de producción y acceso al crédito que deben soportar. La devaluación solo beneficia a un pequeño sector de agroexportadores y banqueros. El retiro de controles cambiarios impulsó una fluctuación excesiva de los tipos de cambio que, sumado a la desconfianza en las políticas posteriores, originó el caldo de cultivo perfecto para las posteriores corridas de depósitos que luego sobrevinieron.
También se esperaba reducir gradualmente la inflación, apoyándose en un esquema de metas de inflación y en la reducción, también gradual, del déficit fiscal. Una solución de libro de texto de macroeconomía. El problema no es que el Banco Central no fuese independiente porque este primero continuaba financiando al tesoro, como incluso aún se entiende, sino la pérdida de credibilidad en el Banco Central para bajar la inflación, anclada en las expectativas del público, puesto que la inflación volvió a acelerarse, esta vez explicada por factores de oferta y no de demanda; es decir, mayores costos de producción por la desregulación de las tarifas de servicios básicos y el aumento de la nafta y por la devaluación que encarece los costos de los insumos importados.
En el ámbito fiscal, se propuso ajustes al déficit basado en recortes al gasto en subsidios, pensiones e inversión pública, lo que terminó siendo insuficiente, por lo que se tuvo que acelerar los recortes. Se privilegió el financiamiento externo al interno, duplicando los intereses de deuda externa luego de la renegociación con los holdouts. Los ingresos fiscales cayeron a consecuencia de la eliminación de las retenciones a las exportaciones y el estancamiento económico en el que la economía se encuentra. En consecuencia, el déficit fiscal en lugar de bajar aumentó. La discusión en Argentina hoy se encuentra en si el ajuste fiscal debió ser más doloroso desde un principio en lugar del excesivo gradualismo con el que se encaró.
Si había una crisis antes, Macri la profundizó aún más. Argentina vive su peor momento de los últimos 15 años y lo malo es que se siguen repitiendo los mismos errores al mantener las mismas políticas. En política económica existe un principio fundamental que es la credibilidad. En este momento, el Gobierno ha perdido el respaldo de la mayoría de los argentinos, incluyendo clases medias, sectores empresariales y los inversionistas. Cualquier intento de restablecer la economía pasa primero por una recuperación previa de la confianza.
El fracaso económico en Argentina es consecuencia de la implementación de ajustes macroeconómicos inconsistentes, la excesiva confianza en las fuerzas del mercado y la pérdida de credibilidad en sus hacedores de política.
