La mañana de este miércoles, el Ministerio Publico presentó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades en contra del expresidente y prófugo de la Justicia boliviana Gonzalo Sánchez de Lozada y otras 18 personas por la capitalización con “daño económico”, principalmente, de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).
“Se ha presentado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia la proposición acusatoria en el marco de proceso denominado ENFE, referido a la capitalización de esta empresa durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada”, indicó el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.
Además del exmandatario (1993 – 1997; 2002 – 2003) están acusados sus entonces colaboradores José Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Javier Achá de la Parra, Antonio José Araníbar Quiroga, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Eduardo Villalobos Sanjinés y Jorge Otasevic Toledo.
El pliego acusatorio por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes también alcanza a Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmuz Levy e Irvin Remberto Alcaraz del Castillo.
Por esos y otros delitos, también están sindicados Cristóbal Alfonzo Revollo Tenier, Édgar Ramiro Saravia Durnik, Santiago Atsuro Nishizawa Takano, Jorge Fernando Harriague Urriolagoitia, José Isaac Ardaya Calderón, Adolfo Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero y Julio César Oropeza Belichner, además de Franklin Mejía Ríos, este último solo por conducta antieconómica.
De acuerdo con los antecedentes publicados por la Fiscalía General del Estado, el proceso se sustenta en el proceso de capitalización de ENFE que auspició la administración de Sánchez de Lozada mediante dos sociedades de “economía mixta” que a la postre fraccionó el sistema ferroviario en dos redes o unidades económicas.
El Decreto Supremo Nº 24186 de 15 de diciembre de 1995 suscrito por Sánchez de Lozada y su gabinete dispuso la adjudicación del paquete accionario de la capitalización de la empresa FCA SAM a la empresa chilena Cruz Blanca S.A. por “menos de la mitad del capital autorizado” e incluso menor al del capital pagado con el que se constituyó la firma.
“Al haberse aceptado la propuesta de la empresa Cruz Blanca de Bs 66.122.400 bolivianos cuando debió ser 137.131.700 bolivianos (menos 71.009.300 Bs.), la diferencia no pagada en la licitación, también es el monto que dejó de invertir en la sociedad en los primeros 7 años, constituyéndose este también en el fundamento del daño económico causado al Estado. Por lo que se puede estimar que el grave daño causado al Estado es de 142.018.600 bolivianos”, reseña parte de la acusación formal que cita la Fiscalía en un boletín de prensa.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín viven en Estados Unidos y son prófugos de la justicia boliviana por los violentos hechos de la denominada Guerra del Gas que causó más de 60 muertes y centenares de heridos.
En un reciente veredicto, un tribunal federal de ese país liberó de culpa a las dos exautoridades, empero el proceso está en fase de apelación impulsado por las víctima de Octubre de 2003. (19/09/2018)
