“Soy un preso político. Soy inocente”. Esas fueron las palabras del dirigente cocalero Franklin Gutiérrez luego de que se suspendiera la mañana de este jueves la audiencia de cesación a su detención preventiva.
El dirigente fue vinculado con la muerte por impacto de bala del capitán Daynor Sondaval durante un conflicto en medio de la erradicación de cultivos ilegales y excedentarios de hoja de coca en La Asunta, en el norte de La Paz.
“Lo que estoy viviendo más es político, soy un preso político porque ese día (de los enfrentamientos) por la tarde tenía que presentar mi proyecto político ante el Tribunal Electoral, desde ese día lamentablemente estoy en cárcel de San Pedro, soy inocente”, insistió en una entrevista en radio Éxito.
Negó que haya estado en el lugar de los hechos y aclaró que la única vez que salió del país fue a Ecuador y por invitación del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y no así para otros fines como argumenta la Fiscalía para evitar se defienda en libertad de las acusaciones en su contra.
La mañana de este jueves debía instalarse la audiencia para tratar su pedido de cesación a su detención, pero no se realizó y fue reprogramada para el próximo lunes debido a que los familiares del oficial de la Policía no se hicieron presentes.
“Extrañamente y antes de que se dé inicio a la audiencia, hacen aparecer un nuevo apersonamiento de los padres de la víctima de ese hecho, pero esa situación raya en lo ilegal”, explicó Ernesto Jáuregui, uno de los abogados del dirigente.
Este jueves también se conoció que el experto en balística, el coronel Jorge Santiesteban colaborará en la investigación para apoyar a la defensa de Gutiérrez.
“Nosotros estamos haciendo el seguimiento de este caso desde la ciudad de Santa Cruz, pero ahora me he constituido acá para hacer un seguimiento estrecho, in situ. Se está proveyendo visitar la zona, además que previamente hemos hecho el levantamiento de un mapa y los incidentes que se registraron para cotejar todos los elementos y vamos a fundamentarlos en las audiencias correspondientes”, detalló el experto.
Adelantó que ayudará también a aclarar la muerte de los dos cocaleros que perdieron la vida por disparos de armas de fuego durante nuevos enfrentamientos en La Asunta.
El caso de Gutiérrez llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La abogada Paola Barriga solicitó medidas cautelares para su cliente por considerar que se vulneró sus derechos en su aprehensión y reclusión carcelaria. Se le negó en reiteradas oportunidades la solicitud de cesación a la detención debido a la existencia de riesgos procesales y a la oposición de la Fiscalía, como de las partes en este proceso, entre ellos el Ministerio de Gobierno.
(11-10-2018)
