La defensa de Franclin Gutiérrez presentará esta semana a dos “testigos clave” para conseguir la libertad del dirigente cocalero que es procesado por la muerte de un oficial de la Policía. Uno es periodista y otro es un comunario que asegura saber quién disparó al uniformado en los conflictos de agosto.
Así lo confirmó la abogada Paola Barriga, quien detalló que la declaración del comunicador social que llegó hasta La Asunta, provincia Sud Yungas de La Paz, justo en el ínterin de los enfrentamientos entre erradicadores y fuerzas del orden será este lunes a las 15:00 en la Fuerza Especial de Lucha Contra Crimen (FELCC).
Hay un video de una nota periodística que será usado como prueba para demostrar que el dirigente cocalero no estaba en el lugar de los hechos, como se afirma en el cuaderno de investigaciones.
Mientras que el poblador, quien mantiene su identidad en reserva, comparecerá el viernes. Este último indicó el domingo que vio a la persona que disparó contra el uniformado.
“Yo vi (quien disparó) y voy a ir como testigo», dijo horas después de su llegada a La Paz el domingo, en una rueda de prensa improvisada. Aseguró que hará revelaciones importantes en su declaración ante la los investigadores.
«Es un socio de la comunidad, es de las bases, pero no fue Franclin, eso que quede bien claro”, sostuvo tras explicar que mientras ocurrían los hechos de violencia, Gutiérrez estaba dando un discurso a un grupo de cocaleros en otro lugar.
No obstante, reconoció que varios de los productores de coca estaban armados.
“Esperemos que el día de la audiencia de apelación, que tiene que ser esta semana, ya se pueda desvirtuar toda la probabilidad de autoría justamente con estas declaraciones”, indicó la jurista, según reportó la red ATB. Van dos pedidos de cesación a la detención que fueron rechazados.
El dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) está recluido en el penal de San Pedro por la muerte del teniente Daynor Sandoval, ocurrida el 24 de agosto en la región de La Asunta, durante un operativo de erradicación de coca ilegal.
A decir de Barriga, hay más testigos que por temor a las represalias no se anima a declarar ante las autoridades jurisdiccionales para esclarecer el caso.
El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que Barriga solicitara medidas cautelares para su cliente por considerar que se vulneró sus derechos en su aprehensión y reclusión carcelaria. (22/10/2018)
