El segundo aguinaldo, creado en 2013, planteaba distribuir equitativamente la riqueza; evitar la desigualdad, la exclusión social y económica; aportar a la erradicación de la pobreza y mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores. Pese a los esfuerzos del Gobierno por persuadir a la población de lo contrario, es evidente que hoy esos objetivos distan mucho de cumplirse y, al contrario, la medida se convirtió en un mecanismo que ahonda más los problemas que pretendía solucionar.
Es importante precisar que las condiciones económicas que vivíamos cuando el Gobierno impuso el segundo aguinaldo eran muy diferentes a las actuales. En 2013 tuvimos un crecimiento de 6,8%, una balanza comercial positiva de $us 2.673 millones y una renta petrolera de $us 5.460 millones. Los departamentos crecían al ritmo del país: Tarija lo hacía en 11,15%; Chuquisaca en 10,97%; Potosí en 5,57%; Cochabamba en 5,5% y Santa Cruz en 7,2%. Por rubros, la construcción creció ese año en 10,64%; el transporte en 7,7%; la industria manufacturera en 6,1% y la agricultura en 4,7%.
La bonanza también alcanzaba a las empresas privadas. Las recaudaciones por el IUE eran superiores a Bs 11.200 millones; 65.000 nuevas empresas se registraron ese año y el promedio de utilidades para las medianas y pequeñas empresas (sin contar Pricos y Gracos) alcanzó a $us 4.043 anuales.
A fines de 2017, la situación es opuesta. El crecimiento apenas llegó al 4,2%, tenemos un déficit comercial de $us 1.300 millones, el más alto de la historia, y la renta petrolera llegó a $us 1.755 millones. Aunque los departamentos del eje mantienen tasas regulares de crecimiento, los otros están en una situación crítica. Tarija decreció en -3,66%; Chuquisaca apenas alcanzó 1,9%; Potosí 1,28%; Cochabamba 2,25% y Oruro 4,44%. El SIN, aplicando medidas drásticas de acoso tributario, recaudó por el IUE solo Bs 9.600 millones; el registro de nuevas empresas apenas llegó a 18.800 y el promedio de utilidades de las pequeñas empresas bajó a $us 3.798. Por rubros, la construcción creció en 4,99%; el transporte 5,21%; la industria manufacturera 3,29% y el comercio 5,09%. Esto sin considerar que en 2013 el sueldo mínimo era Bs 1.200, y en 2018 se elevó a Bs 2.060.
Si vemos el objetivo de distribuir equitativamente la riqueza, el segundo aguinaldo está muy lejos de eso. Según un estudio en 2015 de Mercados y Muestras, en todo el país el segundo aguinaldo beneficia solo al 20% de los ciudadanos de las áreas urbanas y rurales; 77% dice que no lo recibirá. El porcentaje de personas que no recibe el beneficio es mayor en Chuquisaca (81%), La Paz (79%), Cochabamba (87%), Tarija (75%), Santa Cruz (71%) y Beni (78%).
El escenario es peor en el objetivo de reducir la desigualdad. Quienes reciben segundo aguinaldo no son los más pobres. En efecto, en el decil de asalariados de menor ingreso, este bono solo será percibido por 7%, mientras que en el mayor decil, lo recibirá el 65%. Incluso en el sector público, normalmente no son beneficiados los llamados consultores de línea que alcanzan aproximadamente al 30% del total. En este caso, tampoco se logra evitar la exclusión.
Si hablamos de erradicar la pobreza la situación no es mejor. Según recientes declaraciones de dirigentes de Conamype, más de 200.000 afiliadas operan al 30% de su capacidad debido a la desaceleración económica, el contrabando y las importaciones chinas, y podrían precarizarse más si se les obliga a pagar el beneficio.
Los sectores de la construcción, agrícola, productores avícolas, pecuarios, ganaderos, maderero, muchas empresas comerciales, transporte, gastronomía, hotelería, colegios privados e incluso instituciones públicas han expresado que no están en posibilidades de pagar el beneficio en la presente gestión. Los primeros afectados son los obreros, que ingresan a la informalidad, donde su trabajo se precariza, lo que directamente aumenta la pobreza.
No solo que el resultado del pago del segundo aguinaldo contradice sus propios objetivos, sino que además beneficia al contrabando, fortalece la informalidad, replica la discriminación contra el sector privado y genera mayores presiones sobre el déficit fiscal, comprometiendo más las reservas internacionales.
Es claro que el segundo aguinaldo es un problema de fondo, cuya permanencia pone en cuestión el rumbo que quiere seguir el Gobierno en su política respecto al sector privado.
* Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) desde 2015, en 2017 fue reelecto por un segundo mandato en dicho cargo.
