Un trabajo interinstitucional concluyó con la elaboración de un proyecto de ley para descongestionar el sistema penal, que tiene a la gran mayoría de presos con detención preventiva. Justamente las propuestas apuntan a evitar y limitar ese recurso judicial y a crear una gestora para fijar las audiencias, que hasta ahora están en manos de los jueces.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó en una conferencia de prensa de las diferentes iniciativas inscritas en el proyecto de ley denominado de Abreviación Procesal Penal que será enviado en las próximas horas para su tratamiento a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es controlada por el oficialismo.
Entre las innovaciones están que las notificaciones serán vía correo electrónico, para lo cual las partes deberán inscribir su correo en la demanda. Para que la detención preventiva sea la excepción y no la regla se determinó que el fiscal que pida esa medida deberá poner un límite de tiempo y explicar qué hará en ese plazo.
También será causal de improcedencia de la detención preventiva cuando el acusado sea mayor de 65 años, que el delito por el cual se lo imputa sea menor o igual a cuatro años, que una mujer esté embarazada, que esté al cuidado de niños, entre otros.
Con respecto a los jueces, se estableció que cuando se excusen de tratar un caso no pasará al siguiente en número sino que se hará un nuevo sorteo con causales justificadas, deberán iniciar y concluir de forma continuada un juicio, promover junto a la Fiscalía las salidas alternativas de darse el caso
Además, una vez vigente la propuesta de ley, se restablecerá la visita de cárcel por parte de las autoridades judiciales para escuchar reclamos y quejas de los internos.
Otro elemento que se incorporará a la estructura judicial es la Oficina Gestora de los Procesos, que tendrá la responsabilidad de fijar la fecha y horas de las audiencias, que hasta el momento está bajo la discrecionalidad de los operadores de justicia.
En la propuesta de ley trabajaron autoridades de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Fiscalía General, Procuraduría General del Estado y la Universidad Boliviana.
“Es una respuesta firme, contundente y objetiva desde el punto de vista normativo a la problemática penal que hemos venido sufriendo en el último tiempo”, destacó Arce.
