El aprendizaje de la convivencia pacífica y la tolerancia es una de las tareas fundamentales del sistema educativo. Por tanto, es inadmisible que las escuelas sean lugares en los que se permita la violencia de algún docente contra estudiantes o entre los mismos alumnos. No solo hay que sancionar esos comportamientos, sino prevenirlos estructuralmente.
El caso de una maestra que agrede violentamente a una de sus alumnas en la localidad de El Cruce, en el departamento de Santa Cruz, ha producido rechazo en la ciudadanía. La profesional de la educación involucrada se ha disculpado y se anuncian severas sanciones por ese comportamiento.
Como en muchos casos de mala praxis profesional, el suceso ha tenido una alta visibilidad por la existencia de una grabación en video del hecho, difundida ampliamente, en la que se evidencia los malos tratos. Queda la amarga impresión de qué hubiera pasado si no habría existido ese material audiovisual, lo más probable es que el caso no hubiera trascendido y que no se hubiera hecho nada para detenerlo.
La indignación ha obligado a las autoridades a pronunciarse, la mayoría de ellas prometiendo sanciones a la autora del hecho. Sin embargo, este evento debería sobre todo contribuir a una reflexión más amplia acerca de la violencia en los espacios educativos y sobre las maneras de prevenirla y tratarla cuando sucede.
Se sabe que los casos de agresiones de docentes a estudiantes o de uso sistemático de la fuerza con el argumento del mantenimiento de la disciplina se habrían reducido significativamente en los últimos tiempos, por la mayor consciencia y conocimiento de sus derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.
Pero, al parecer, persisten situaciones como las observadas en el caso de El Cruce, y aparecen otras variantes inquietantes como el acoso de algunos grupos de alumnos a compañeros vulnerables, presiones no tanto físicas, sino psicológicas ejercidas por docentes, alumnos o grupos de padres entre sí en el interior de los recintos educativos, etc.
La problemática de la violencia escolar es pues multidimensional y debe ser tratada de esa manera, requiere de un esfuerzo sistemático y articulado de las autoridades, no solo indignaciones puntuales, por ejemplo, mediante ajustes en la formación de docentes, sistemas de investigación y sanción modernos, soporte permanente al trabajo de los maestros en estos aspectos, pues a veces ellos también son víctimas o requieren asesoramiento para tratar esas situaciones.
La escuela debe ser un espacio central para la enseñanza y el aprendizaje de la tolerancia, de una cultura de resolución pacífica del conflicto y de la convivencia entre los diversos. Esa es una de sus funciones imprescindibles del sistema educativo que requiere atención e inversión.
