Al menos 30 casos de acoso y violencia política contra mujeres autoridades fueron registrados en nueve meses de este año en los ámbitos departamental y municipal del departamento de La Paz, lo cual preocupa a las autoridades del Tribunal Electoral Departamental (TED) porque es una cifra superior en relación a todo el año pasado.
La información fue proporcionada por la vicepresidenta del TED de La Paz, Florencia Laruta, en el Encuentro Departamental Hacia una Democracia Paritaria y Complementaria entre Mujeres y Hombres sin Acoso ni Violencia Política que congregó a unas 100 mujeres concejalas y asambleístas departamentales, además de representantes de organizaciones de mujeres.
“Como parte del Órgano Electoral Plurinacional estamos preocupados por el incremento de los casos de acoso y violencia política, porque estamos a tres meses de terminar la gestión 2018 y el número de estos hechos se ha incrementado en comparación con el 2017”, expresó, según una nota de Fuente Directa, periódico digital del Tribunal Supremo Electoral (TED).
La vocal Marianela Revollo explicó que el Reglamento para el Trámite de Recepción de Renuncias y Denuncias por Acoso y Violencia Política de Mujeres Candidatas, electas o en función político-pública establece un procedimiento a través del cual se puede definir si la presentación de la renuncia de alguna autoridad mujer realmente es por decisión propia o existe presión externa.
A diferencia del pasado, ahora la renuncia de mujeres candidatas, electas o en función pública debe pasar por filtros como una entrevista confidencial para identificar si tras la dimisión existe acoso o violencia política. Si se identifica presión, el TSE no dará curso al pedido y el caso pasará a la justicia ordinaria.
La ley de Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres define como acoso político al acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública o en contra de sus familias para acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo.
La violencia política es entendida como las acciones y agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – publica; o en contra de su familia, para acortar su mandato.
