La Interpol rechazó el pedido de difusión roja para la captura del expresidente de Ecuador Rafael Correa, radicado en Bélgica, por el secuestro de un opositor en 2012, informó este miércoles la Corte Nacional de Justicia.
La justicia ecuatoriana había solicitado a Interpol la emisión de la difusión roja con fines de extradición contra Correa en julio pasado, luego de que éste incumplió una orden judicial de presentarse periódicamente ante un tribunal, en el marco del proceso por secuestro en el que finalmente fue citado a juicio.
«La información disponible a la Comisión reveló que la retención de los datos en el Sistema de Información de Interpol no era compatible con la obligación de Interpol de Asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales», señala un extracto de la resolución del organismo, citado por la corte en un comunicado de prensa.
Correa, que aseguró no tener todavía la «comunicación oficial» de Interpol, celebró no obstante la «contundente» decisión difundida por la justicia ecuatoriana, porque «dice que atenta a los derechos humanos».
«Agradecemos la decisión de Interpol, pero no nos coge por sorpresa. Esperábamos esa decisión», dijo a la AFP el exmandatario, quien considera que las autoridades ecuatorianas «insisten en la persecución» en su contra.
La Corte Nacional de Justicia indicó que la resolución de la Interpol «está sujeta a revisión» y que la «notificación roja y la extradición son trámites independientes».
«Juicios de cartón»
Correa, que gobernó entre 2007 y 2017, fue llamado a juicio el 7 de noviembre junto a dos exagentes que están detenidos y a un exjefe de la Secretaría de Inteligencia que vive en España por su presunta participación en el secuestro del político opositor Fernando Balda, en 2012 en Colombia.
Balda acusa al exgobernante de ordenar su secuestro en Bogotá, donde cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil. La policía colombiana interceptó el vehículo y logró rescatarlo.
El exmandatario, considerado un prófugo de la justicia, solo será enjuiciado si es llevado ante un tribunal, pues la ley impide su juzgamiento en ausencia por ese presunto delito, castigado con hasta siete años de cárcel.
«Es claro que esos juicios de cartón que se están haciendo en Ecuador, que no podrían ser posibles en un Estado de derecho, no van a pasar ni el primer nivel», señaló Correa.
Correa, que solicitó el asilo en Bélgica, reiteró su intención de llevar «ante el Sistema Interamericano y ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU» el llamado caso Balda, que «no resiste ningún análisis».
Debido a que Correa y el exjefe de Inteligencia Pablo Romero están prófugos, la jueza que lleva el caso ordenó la suspensión de la etapa de juicio para ambos hasta que sean capturados o se entreguen.
El expresidente niega su participación en el secuestro y considera que es una persecución del gobierno de Lenín Moreno, su sucesor y exaliado con el que mantiene una pugna de poder.
(05/12/2018)
