Todavía fresco el crimen del periodista Jamal Khashoggi, perpetrado en el consulado saudita de Estambul, expertos de la ONU han instado a Arabia Saudí a suspender la ejecución de seis jóvenes detenidos cuando eran menores de edad y condenados a muerte por participar en las manifestaciones de 2011 al calor de la Primavera Árabe. “Fueron sentenciados (…) por cargos que consideramos una criminalización del ejercicio de los derechos fundamentales, incluidas las libertades de reunión y expresión cuando tenían menos de 18 años”, dice el comunicado oficial.
Entre los condenados se encuentra el chií Ali al Nimr, sobrino de Nimr al Nimr, un conocido reformista ejecutado a principios de 2016 por liderar las protestas pacíficas que tomaron las calles de la provincia saudí de Al Qatif, exigiendo el fin de la discriminación a la minoría chií y una reforma constitucional. Además, fueron torturados y forzados a confesar sin acceso a una asistencia legal.
Conforme al sistema saudí, inspirado en la sharia (legislación islámica), se castigan con la muerte el asesinato, la violación, el robo, la apostasía y el tráfico de drogas. Ante la ausencia de un Código Penal, las vagas definiciones de la sharia favorecen la arbitrariedad.
Días atrás, 19 filipinas estuvieron cinco días detenidas en Arabia Saudí por asistir a una fiesta de Halloween, en la que había hombres y mujeres. Agentes de la inteligencia saudí entraron en un local en Riad donde se celebraba la fiesta y arrestaron a los asistentes porque las leyes de Arabia Saudí prohíben estrictamente a hombres y mujeres solteros ser vistos juntos en público. Y probablemente serán juzgadas por violar la ley islámica.
Así las cosas, las mujeres (y los hombres) forzadas a vivir en estas condiciones, no extraña que prefieran suicidarse, sobre todo si les prometen el cielo eterno luego de su muerte. Así, no resultan sorprendentes hechos como el que sucedió días atrás cuando una mujer de 30 años dejó más de nueve heridos tras un ataque suicida perpetrado en el centro de la capital de Túnez.
Jaled Bin Farhan al Saud es el único miembro díscolo de la vasta familia real saudí que sobrevive exiliado en el extranjero, en Alemania, gracias a que no cayó en la trampa de acudir a una cita preparada para secuestrarlo y llevarlo de vuelta a su país, como ha ocurrido con el resto. Con respecto al crimen de Jamal Khashoggi, en una entrevista publicada por El Mundo de Madrid, Farhan al Saud señala que “es un crimen propio de una mafia, la última señal de la política precipitada e impulsiva del príncipe heredero”.
“Cinco príncipes visitaron hace unos días al monarca para conversar con él a propósito de este caso y quejarse de cómo las políticas de su hijo están afectando al país y al propio futuro de la familia real. Tras la reunión, fueron detenidos”, denuncia Bin Farhan, quien pide “a la comunidad internacional que defienda los derechos humanos y que su reacción sea severa (…)”. ¿Lo harán, serán severos o seguirán “disfrutando” de los cuantiosos “petrodólares”?
Como si todo esto no fuera suficiente para dejar claro que el saudí es un Estado terrorista, su campaña de bombardeos iniciada en Yemen en 2015 ha dejado ya más de 10.000 víctimas civiles. A tal punto estos ataques son inhumanos que hasta su mejor aliado, EEUU, exige que se detengan. Tres años y medio de guerra en uno de los países más pobres del mundo han dejado a dos tercios de los 27 millones de yemeníes dependientes de la ayuda humanitaria.
* Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California. @alextagliavini; www.alejandrotagliavini.com
