El Gobierno identificó a 43 actores políticos, entre líderes de la oposición, dirigentes cívicos y activistas por el 21F, y los acusó de imponer sus ideas con violencia y racismo durante el paro cívico nacional del jueves 6.
“Se quitaron su disfraz y se presentan como lo que son: racistas, violentos, intolerantes, antidemocráticos, enemigos de las instituciones del Estado, enemigos de quienes tienen rasgo indígena o mestizo”, afirmó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en entrevista con el programa El pueblo es noticia de medios estatales.
La autoridad presentó un cuadro con las fotografías y nombres completos de 43 actores políticos. “Son responsables de la movilización: políticos de la oposición, plataformas ciudadanas, supuestos líderes cívicos comités cívicos y los autodenominados representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (…) todos éstos han hecho un despliegue de hace meses y anunciaron una gran movilización, recibieron financiamiento de la derecha y desde fuera del país, y contrataron grupos de choque”, sostuvo Romero.
La Razón conversó con siete de los 43 acusados. El precandidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, dijo que Romero hizo esas declaraciones para “conservar su pega”. “Son acusaciones sin sentido que rechazamos, muestran la desesperación de un gobierno golpista”, sostuvo el también senador por el Movimiento Demócrata Social (Demócratas).
La semana pasada se realizó un paro cívico para exigir al Órgano Electoral que rechace la candidatura de Evo Morales y Álvaro García en cumplimiento al 51,3% de la población que votó en rechazo a la repostulación en el referéndum del 21 de febrero de 2016; el oficialismo asegura que el fallo del Tribunal Constitucional avala la candidatura oficialista. La movilización dejó como saldo la muerte de una mujer en Riberalta, Beni; y dos policías heridos en un disturbio de activistas del 21F frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz.
“Recurrieron a grupos de choque, a grupos de matonaje en distintos lugares del país para supuestamente expresar una protesta política”, denunció Romero. Explicó que los comités cívicos y dirigentes políticos de la oposición recurrieron a grupos de choque pagados para obligar a acatar un paro ante la nula respuesta de la ciudadana.
Ortiz dijo que el accionar de Romero es “una táctica ya desgastada que les enseñan sus asesores cubanos que siempre buscan un enemigo para acusarlos de conspiradores y echar la culpa de su fracaso”.
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