El representante regional del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Ever Richard Veizaga, desmintió este viernes que un juez anticorrupción haya autorizado que el alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, trabaje desde su casa mientras cumple una detención domiciliaria por el caso ‘Mochilas I’.
La autoridad hizo la declaración poco después de que el abogado defensor de la autoridad edilicia, Humberto Trigo, dio información tergiversada sobre el tema, al final de una audiencia para analizar un pedido de cese de las medidas sustitutivas de su cliente.
«Creo que se está tergiversando la información. El juez ha ratificado todas las medidas (sustitutivas) impuestas el 21 de abril por el juez de la Estación Policial del Norte (…), están haciendo decir cosas que el juez nunca ha dicho», dijo a los periodistas.
Según Veizaga, la resolución judicial fue aceptada por el abogado de Leyes, quien dijo que luego planteó una apelación verbal por su desacuerdo.
Aclaró que la instancia legal del caso no accedió al pedido de suspender las medidas sustitutivas de Leyes, porque su defensa no desvirtuó el riesgo de que la autoridad edilicia obstaculice la averiguación de la verdad si permanece en libertad.
«Implica el riesgo de obstaculización. Se han ofrecido teléfonos celulares a uno de los implicados a fin de que facilite su teléfono celular. Se han hecho desaparecer discos duros de computadoras, ha existido amedrentamiento contra varios funcionarios y hasta amenazas de muerte», recordó.
Veizaga dijo que Leyes debe cumplir aún una detención domiciliaria y acatar la prohibición de comunicarse con funcionarios municipales.
«Eventualmente, en el primer momento que él tenga contacto con algún funcionario de la Alcaldía de Cochabamba lo que corresponde es revocar las medidas sustitutivas de las que viene gozando y consecuentemente correspondería disponer su detención preventiva», advirtió.
El caso mochilas I comenzó a ser investigado el 3 de abril, cuando la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina, presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba, tras recibir información sobre que los útiles y las mochilas de 2018 fueron provistos por la empresa accidental ’26 de Febrero’, que compró el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos, pero el Gobierno municipal pagó 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.
