Un día después de los hechos de violencia abundan imágenes de lo ocurrido la tarde de este martes en Santa Cruz de la Sierra, donde una movilización universitaria contra la repostulación del presidente Evo Morales derivó en un ataque contra dependencias estatales. La Policía detuvo a seis personas y la Fiscalía comenzó las pesquisas para establecer responsabilidades.
Mientras, el Gobierno y la oposición intercambiaron acusaciones por lo sucedido y demandaron el esclarecimiento de los hechos. El Ejecutivo considera que la violencia es parte de la estrategia de lucha de los opositores en su afán de dañar al Gobierno, mientras que los opositores aseguran que el Gobierno utiliza infiltrados para generar hechos violentos que luego son atribuidos a la oposición, en su afán de descabezar sus protestas.
Los detenidos son Marco B., Hernán M., David A., Ángel R., Roger M. B. y Mauricio C., según informó a la red PAT el abogado Róger Martinez. Dijo que los tres primeros son dirigentes universitarios de la Facultad de Tecnología de la Universidad Gabriel René Moreno y los otros tres ciudadanos «incautos» que pasaron por la plaza 24 de septiembre cuando la Policía se encontraba en el lugar.
Negó que alguno de los seis haya participado en los hechos de violencia y dijo que fueron detenidos lejos de donde se produjo el ataque a las dependencias del Tribunal Electoral Departamental (TED). «La Policía ha detenido a diestra y siniestra a quienes le han parecido (…) Lo que está pasando es meramente un teatro armado nuevamente por el Gobeino para tratar de inculpar a la dirgencia civica departamental», afirmó.
Este martes, una marcha convocada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) en demanda del respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) en el que se rechazó la repostulación del presidente Evo Morales terminó en desmanes.
Los incidentes comenzaron aproximadamente a las 18.30, luego de que la marcha contra la repostulación había recorrido algunas calles de Santa Cruz en medio de consignas contra Morales.
Tras ello se produjo la quema de parte del edificio del Tribunal Electoral Departamental (TED) y la destrucción de un multicentro de la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y el frontis de la sede del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
“Ayer se ha detenido a seis personas, son jóvenes. Vamos a identificar quiénes son, por instrucciones de quiénes han ido, eso ya va corresponder al ámbito de la investigación y vamos a esperarla que esa investigación llevada a cabo por el Ministerio Público sea muy objetiva, es lo que nos interesa”, señaló el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga.
Explicó que un grupo de unas 60 personas, muchas de ellas encapuchadas, de las más de 4.000 que participaban de las protestas, se “entró” al TED, “saqueó” Entel y luego se dirigió al SIN.
Para el Gobierno, los que ejecutaron los desmanes son “grupos vandálicos, de delincuentes que han tomado instituciones públicas y democráticas a convocatoria de líderes de la oposición” quienes días atrás llamaron a “la desobediencia y la resistencia civil” y cuya respuesta, aseguró, se conoció la noche del lunes.
¿Infiltrados?
Tras los sucesos de violencia, dirigentes universitarios deslindaron responsabilidad de los hechos de violencia y denunciaron que infiltrados afines al Gobierno habían desvirtuado la marcha e inclusive atacaron a una huelga instalada frente al TED. Similar criterio exteriorizaron dirigentes cívicos cruceños.
“Ha sido la misma marcha que se ha desplazado, si puede haber grupos de infiltrados lógicamente esta misma marcha hubiera reaccionado en contra de ellos. Nos vamos a remitir a la investigación porque todas estas tomas y destrucciones a la propiedad pública han sido filmados, hay imágenes de cámaras de seguridad que tiene analizados por el Ministerio Público”, replicó Quiroga.
El diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría aseguró que “el gobierno se va a desgañitar por atribuir la violencia a la oposición, no pierdan el tiempo hay un pueblo enardecido que ha tolerado todos los límites”.
Aseguró que “todo esto podría evitarse cumpliendo la Constitución y respetando los resultados del 21F”. En su bloque alistan peticiones de informe para que las autoridades gubernamentales den cuenta de lo sucedido.
A su turno, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y miembro de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, atribuyó lo ocurrido precisamente a “infiltrados” del “Ejecutivo para a futuro activar una persecución”. Pese a todo, demandó que «esto se aclare».
El expresidente y también candidato a la Presidencia, Carlos Mesa, dijo que no se puede confiar en que el Gobierno lleve adelante una investigación transparente por los antecedentes de «intervención» del Ejecutivo en los cuatro órgano del Estado.
Plan de violencia
Pero el Gobierno insiste en que hay un plan urdido por opositores. “El plan, la forma en que se están organizando y todo responde a una planificación que tiene que tener una escalada de violencia”, sostuvo.
Con ese argumento, Quiroga además justificó porque no hubo un dispositivo policial de seguridad para resguardar los edificios que luego fueron afectados como suele suceder. .
“Lo que pasa es que se ha identificado que el plan que tiene los líderes de oposición es generar una confrontación, lo que quieren es tener un enfrentamiento con la Policía, quieren que reaccione (…) quiere tener hechos de sangre, incluso muertos”, denunció Quiroga.
Este supuesto plan, aseguró, se logró identificar el jueves pasado, cuando activistas del 21F agredieron a efectivos de la Policía que custodiaban las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz y en el bloqueo de Puerto Pailas, Santa Cruz, que dejó un herido grave.
“Lo que estamos haciendo es evitar justamente eso, evitar una escalada de violencia”, dijo.
El Defensor de Pueblo, David Tezanos Pinto llamó a la pacificación del país en torno a este asunto y manifestó que “los atentados” contra las instituciones públicas “recuerdan sucesos violentos de hace 10 años y son responsabilidad de quienes han estado llamando a la rebelión, a la desobediencia y resistencia civil”. (12/12/2018)
