El juez II de Instrucción en lo Penal, Sergio Vásquez, reveló en su defensa que el Gobierno y la Fiscalía solicitaron el permiso laboral en favor del alcalde suspendido de Oruro, Édgar Bazán, quien ayer intentó reasumir funciones sin éxito. El juez fue detenido e imputado por el delito de prevaricato.
«El Ministerio Público y el Viceministerio Anticorrupción también han solicitado ese tipo de autorizaciones para Bazán, pero no se dijo nada en su momento”, afirmó la autoridad judicial desde su celda, donde aguarda su audiencia de medidas cautelares en la que se definirá si se defiende en libertad o desde la cárcel.
La resolución que otorgada permiso laboral a Bazán, investigado por irregularidades en la compra de mochilas escolares para esta gestión, fue mal comprendida e interpretada, según la autoridad jurisdiccional.
Bazán fue aprehendido en mayo y luego remitido a la cárcel de San Pedro bajo detención preventiva, por lo que fue reemplazado de manera interina por la concejal Hilaria Sejas. En junio fue favorecido con la detención domiciliaria y en los últimos días con una decisión judicial que le otorgó permiso de trabajo, lo que aprovechó el miércoles para intentar si resultados volver a sus funciones.
Vásquez fue imputado por el delito de prevaricato y aprehendido la noche del miércoles luego de su declaración informativa.
El fiscal del Departamento de Oruro, Orlando Zapata, explicó que el auto interlocutorio que emitió en tiempo récord incrimina al juez.
“El imputado ya fue remitido al órgano jurisdiccional con la imputación formal por el delito de prevaricato, además los fiscales se constituyeron en el juzgado para el secuestro de algunos elementos a fin de recolectar más indicios”.
La Fiscalía empezó la investigación y recibió declaraciones de personas que estaban a cargo del expediente de Bazán y del secretario del Juzgado, lo que derivó en establecer que la responsabilidad recae en una sola persona, el juez. (15/11/2018)
