El presidente estadounidense Donald Trump firmó este jueves una ley conocida como «Nica Act» que limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales y aumenta las presiones sobre el gobierno de Daniel Ortega acusado de reprimir a la oposición.
Trump indicó en un comunicado que firmó la ley que busca condicionar a la aprobación de Estados Unidos de todo préstamos que Managua gestione ante instituciones financieras internacionales. Además establece sanciones a personas vinculadas directamente con el gobierno.
La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, impulsora de la iniciativa, celebró la aprobación de la ley, que cerró así un largo tránsito por el Congreso.
«En un momento en que el pueblo de Nicaragua sufre ya desde hace 8 meses la represión de Ortega y sus cómplices, el presidente promulgó mi #NICAAct como ley para hacer que el régimen rinda cuentas», dijo en Twitter la congresista, que con esta ley sella su carrera política, ya que se jubila en esta legislatura.
Las protestas antigubernamentales en Nicaragua, que han dejado 320 muertos según grupos humanitarios, y 198 según las autoridades, se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma al seguro social, y evolucionaron hacia un movimiento para pedir la salida de Ortega, un exguerrillero a quien sus críticos acusan de instalar una dictadura junto con su esposa Rosario Murillo.
Presionado por las demandas de la comunidad internacional, Ortega endureció sus posición esta semana, expulsando a dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además la policía allanó y ocupó las oficinas del diario digital Confidencial y las instalaciones de los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, del periodista opositor Carlos Fernando Chamorro.
«La última ola de represión»
«La última ola de represión de Ortega es otro intento desesperado de aferrarse al poder y Estados Unidos va a responder apropiadamente», dijo Ros-Lehtinen.
El congresista Mario Díaz Balard, que también participó en la gestación de la ley explicó que esta norma le otorga al presidente «una autoridad adicional para imponer sanciones al régimen de Ortega y le corta los recursos al imponer también penas para los países que lo asistan».
«Desde abril, el pueblo de Nicaragua se ha tomado las calles para denunciar la opresión y la violencia que lleva a cabo Ortega y sus malhechores. Esta ley apoya al pueblo de Nicaragua en sus demandas por un Estado de Derecho», dijo Díaz Balard.
Las protestas han tenido pesadas consecuencias para la economía nicaragüense y según el FMI, la economía nicaragüense sufrirá una contracción del 4% en 2018 después de haber registrado un crecimiento de 4,9% en 2017.
A finales de noviembre Estados Unidos aumentó su presión contra el gobierno de Ortega, con sanciones económicas contra dos altos funcionarios, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y el asesor de seguridad nacional Néstor Moncada.
Según dijo el gobierno estadounidense cuando se aprobaron estas sanciones, las normas están orientadas a «responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes».
