De nueva cuenta, el delito de trata de personas para fines de explotación sexual y laboral en el país ha cobrado vigencia, luego de que se difundiese ampliamente la noticia del rescate de una mujer argentina de 45 años junto a su hijo de nueve en Bermejo, quien supuestamente habría sido explotada durante 32 años en aquel municipio fronterizo asentado al sur de Tarija.
Según la versión de los medios argentinos elaborada a partir de la información proporcionada por la Gendarmería rioplatense, la mujer llegó a Bolivia cuando tenía apenas 13 años en compañía de su hermana y de su sobrino. Los tres habrían sido trasladados por un boliviano de unos 50 años, entonces pareja de su hermana, atraídos por la falsa promesa de un trabajo bien remunerado. Pero una vez lejos de sus familiares y de su entorno, habrían sido obligadas a trabajar como damas de compañía.
Eventualmente, la hermana mayor habría logrado huir junto con su hijo. Y ya de regreso en su hogar presentó una denuncia alertando del secuestro de su hermana y de la explotación de la que fue víctima. Sin embargo, recién a partir de 2014 la Policía argentina consiguió ubicar a la otrora muchacha de 13 años luego de que su familia se enterase de que trabajaba en el mercado de Bermejo; lo que finalmente les habría permitido concretar su rescate, cuatro años después, junto al niño que tuvo en la última década.
El hecho de que la mujer argentina trabajaba en un mercado público, a la vista y paciencia de las autoridades bolivianas y de la población en general, sumado a que tendría documentos bolivianos obtenidos de manera legal, ha impulsado al Ministro de Gobierno a cuestionar el supuesto secuestro y explotación de esta muchacha. Sin duda existen contradicciones detrás de este relato, aunque cabe la posibilidad de que sus captores hayan logrado doblegar su voluntad con agresiones y amedrentamientos, amén de utilizar otras estrategias para mantenerla cautiva como evitar que salga a la calle sin compañía, retener sus documentos y amenazar la vida de su hijo.
En cualquier caso, para nadie es desconocido que las poblaciones fronterizas suelen ser aprovechadas por las redes de trata de personas para desplegar su execrable negocio, aprovechando el escaso control estatal que suele existir en los lugares alejados y la posibilidad de trasladarse a otro país en caso de ser descubiertos por las autoridades. Por ejemplo, se sabe que la trata de personas con fines de explotación sexual es algo corriente en varias ciudades fronterizas de Bolivia y Perú, así como la explotación infantil; todo ello impulsado por la minería ilegal, especialmente de oro. Y lo propio ocurre, en mayor o menor medida, en el resto de las fronteras.
De allí la importancia de insistir en redoblar esfuerzos para hacer de la lucha contra la trata y tráfico de personas una política de Estado, que trascienda a los gobiernos de turno, los intereses políticos y particulares.
