La Fiscalía abrió de oficio un proceso penal contra los exfiscales Edwin Blanco y Susana Boyán por el delito de amenazas contra jueces y testigos en el caso del bebé Alexander. El médico Jhiery Fernández fue citado para este caso en calidad de testigo.
La Razón accedió a la citación que fue expedida a Fernández por la doctora Amparo Morales Panoso, fiscal de materia asignada a la corporativa de delitos contra las personas de la Fiscalía Departamental de La Paz.
En el documento se lee “dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público de oficio contra José Edwin Blanco Soria y Jeanette Susana Boyán Téllez por la presunta comisión de Amenazas establecido y sancionado en el Artículo 293 del Código Penal”.
Las sanciones que estipula el Código Penal para este delito son trabajo hasta por un año y penas pecuniarias. La reclusión, menor a un año, se aplica si la amenaza hubiere sido hecha con arma o por más de tres personas.
Para esta causa, el médico Jhiery Fernández fue citado a declarar en calidad de testigo. “Cuando la justicia lo requiera yo voy a estar presente. Lo que indica la citación es que por amenazas se está iniciando un proceso”, declaró ayer a los medios el médico, en puertas del Ministerio Público.
El galeno pasó cuatro años privado de libertad, y logró la cesación a la detención preventiva el 4 de octubre, y el 17 de noviembre obtuvo la libertad irrestricta.
En este caso, la exfiscal es acusada de amenazar y amedrentar a jueces, investigadores, peritos y testigos para forzar una sentencia en contra del médico, a quien se sindicaba de la presunta violación al bebé Alexander, de 8 meses, interno del hogar Virgen de Fátima, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), donde él trabajaba.
Fernández fue sentenciado a 20 años de cárcel, pese a que no existían pruebas concretas que lo incriminen ni que confirmen que hubo agresión sexual al menor.
Un polémico audio, en el que la exmagistrada Patricia Pacajes, del Tribunal 10° de Sentencia en lo Penal, reconocía la falta de pruebas para su condena y una serie de irregularidades en el caso permitieron que se audite el caso.
En cuanto a los exfiscales, Boyán además de imputar al médico sin suficientes pruebas, pidió que se le aumente su condena de 20 a 30 años de cárcel. Mientras que Blanco, ahora exfiscal departamental, fue sindicado por el galeno de ingresar a la cárcel, sin presentarse como autoridad, y pedirle que firme un papel para inculparse.
Este medio buscó comunicarse con el fiscal departamental, William Alave, para conocer más detalles sobre el caso, sin embargo, su celular estaba apagado.
