La Justicia falló a favor de un recurso de Acción Popular y ahora los médicos se exponen a procesos legales si interrumpen los servicios de salud con paros. La decisión, se aclaró, no afecta el derecho a la huelga, solo busca garantizar no se vulnere el derecho a la salud de la población.
El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado; al gobernador de La Paz, Felix Patzi, y al alcalde de La Paz, Luis Revilla, deben garantizar el «acceso continuo» a los servicios de salud e iniciar los procesos que correspondan contra los que interrumpan las prestaciones de salud.
La decisión fue tomada por el juez Público Civil y Comercial 11, Celso Villalobos, quien concedió la tutela de una Acción Popular presentada por David Ticona, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Prensa (Sitrapen), por la falta de atención de los médicos a consecuencia de las contantes movilizaciones y paros en contra de la aplicación del Sistema Único de Salud (SUS).
En la resolución se establece que Rocabado, Patzi y Revilla deben garantizar «el acceso continuo a los servicios de salud en los hospitales públicos de su dependencia en el departamento de La Paz y El Alto. Y en su caso instruir a quienes vulneren dicho derecho los procesos administrativos que por ley corresponda”.
Villalobos aclaró que la resolución “no limita ni restringe el derecho a la huelga, sino únicamente dispone que para su cumplimiento se observe el artículo 53 de la Constitución Política del Estado en toda su redacción”.
Artículo 53 refiere: «Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley».
Los médicos cumplieron a fines de 2018 un paro de 48 horas en el sector público y de la seguridad social y actualmente negocian con el Gobierno, aunque está pendiente la amenaza de un paro de 72 horas e incluso uno indefinido de no atenderse sus demandas.
En 2017, el defensor del Pueblo David Tezanos inició una acción similar en contra de los médicos que desde la última semana de noviembre de ese año iniciaron una huelga indefinida. La Justicia también le concedió la tutela e instruyó que no debe pararse la atención médica, pero los galenos se dieron modos para burlar la disposición.
Ticona explicó que presentó el recurso para que las autoridades garanticen el derecho a la salud y que no busca ir en contra de las demandas de los galenos.
«Los médicos tienen todo el derecho de protestar, (pero) no tienen derecho a permitir que los servicios de salud sean suspendidos porque con eso están lacerando los derechos de las personas», justificó en una entrevista con la red Uno.
La Acción Popular procede, según el artículo 135 de la Constitución, “contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza…”.
El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, relacionó a Ticona con el Gobierno y cuestionó la decisión judicial.
