A instancias del Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de El Alto, el Juzgado 11° Público, Civil y Comercial ordenó a los tres niveles gubernativos del Estado en La Paz evitar que el servicio de salud sea afectado por los paros de médicos y paramédicos. El Presidente del Colegio Médico de La Paz deploró la medida en nombre del “derecho a la protesta”.
Se trata de un trámite constitucional llamado Acción Popular, establecido en los artículos 135 y 136 de la Constitución Política del Estado (CPE), que procede ante “todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza”, y que funciona de manera idéntica a un amparo.
El dirigente sindical planteó su Acción Popular en contra del Ministro de Salud, del Gobernador de La Paz y de los alcaldes de La Paz y El Alto, a raíz del último paro de médicos, el 3 y 4 de enero, en contra de la vigencia del Sistema Único de Salud (SUS) y del anuncio de que el próximo paro será por 72 horas. En su conclusión, luego de una audiencia que se extendió por siete horas, el juez que se hizo cargo de la acción dijo que “se evidencia que se ha vulnerado dicho derecho a la salud y las autoridades accionadas no han acreditado haber adoptado las medidas preventivas ni posteriores al mismo”.
En esa línea, el juez ordenó a los gobiernos municipales de La Paz y El Alto que garanticen el derecho a la salud y que apliquen las normas internas de administración de personal en caso de incumplirse esta disposición; a la Gobernación, que supervise el cumplimiento de los gobiernos municipales; y al Ministerio de Salud, que haga un seguimiento a las acciones del gobierno departamental.
Aclaró el juez que su resolución no limita el derecho a la protesta; sin embargo, el presidente del Colegio Médico paceño no opina lo mismo, pues señaló que la decisión fue ambigua y dictatorial, además de anunciar que apelará en nombre del respeto al mencionado derecho. Lo que olvida el dirigente de los galenos es que el derecho que él dice defender no está establecido como tal en la CPE y que, en efecto, cada vez que los médicos hacen paro, hay miles de personas que se quedan sin atención, es decir, no acceden a su derecho a la salud.
Así, pues, el supuesto derecho a la protesta de algunos gremios termina convertido en un ejercicio de secuestro de derechos ajenos en nombre de los propios; y ya se sabe que cuando un derecho no es universal, se está ante un privilegio. Hizo bien el juez en recordar a las autoridades de los tres niveles gubernativos que es su responsabilidad asegurar el acceso de la población a la salud, aunque eso vaya a significar más conflicto político.
