Los dos primeros implicados en las irregularidades en la admisión a la Academia Nacional de Policías (Anapol) fueron enviados a la cárcel con detención preventiva, en un caso en el que “hay muchas personas más” involucradas, según la investigación. La doctora Fany M. y el teniente de Policía Freddy T. fueron acusados por la comisión de seis delitos, entre ellos asociación criminal, falsedad material y tráfico de influencias.
De acuerdo a las primeras investigaciones de la Policía, en el domicilio de Fany M. se encontró Bs 211.000 y $us 2.500 que provenían de “pagos de servicios” de unas ocho personas por el examen médico y documentos con firmas de otro galeno que estaban listos para apelar posibles rechazos.
Mientras que en el domicilio del teniente Freddy T., ubicado en la zona 16 de julio de El Alto, se secuestró exámenes y nóminas de los postulantes. También fueron encontrados en ese domicilio 17 jóvenes, quienes luego identificaron a Fany M. como la “reclutadora”, durante las primeras actuaciones tras destapar las irregularidades.
La juez Claudia Castro informó que su decisión se apoyó en aspectos como el dinero encontrado en el domicilio de la acusada y otros elementos aportados por la investigación.
Ambos fueron llevados la tarde de este viernes a una audiencia de medidas cautelares, en la que se determinó enviar a la cárcel de San Pedro al teniente de Policía y al Centro de Orientación Femenina de Obrajes a la doctora. Ninguno emitió declaraciones al ingreso a los juzgados, a donde fueron trasladados con resguardo.
Padres de familia de los postulantes denunciaron irregularidades y una posterior investigación interna las confirmó. El Gobierno identificó a un grupo criminal como el responsable de los actos de corrupción en las pruebas de admisión de la Anapol y otros institutos, que por decisión del presidente Evo Morales fueron anuladas.
Un representante del Ministerio de Gobierno, que se constituyó en parte del proceso, informó a la red Bolivisión que “hay muchas personas más” implicadas y que esto es solo la “punta del ovillo”.
El ministerio de Gobierno, Carlos Romero, informó que la cartera de Estado que administra se sumará al proceso por los presuntos delitos de asociación criminal, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, entre otros, por la “suplantación de pruebas”.
