Niego que la Comisión haya investigado lo sucedido durante mi gestión como Ministro de Planeamiento. Para comenzar, hay que aclarar que ésta se dio hace 28 años, lo que muestra que dicha investigación no se apega ni a la ley ni al sentido común.
Luego, esta Comisión fue organizada como respuesta directa a mi denuncia sobre el uso político y poco transparente del programa Evo Cumple. Esta Comisión no puede acusarme de haber actuado ilegalmente, ya que la ley del 24 de abril de 1992 autorizó la privatización o el cierre de un grupo de empresas estatales ineficientes y en quiebra.
Solo por razones políticas mezquinas se podría olvidar que en los años 80 Bolivia vivió la peor crisis económica de su historia, una combinación de recesión, hiperinflación, salida de los mercados financieros y carestía de bienes de primera necesidad que castigó severamente a todos y en particular a los más pobres.
Todos los analistas de este periodo, inclusive varios del oficialismo, admiten que una de las principales causas de esta crisis fueron las empresas estatales, que por su ineficiencia eran responsables de la mayor parte del déficit fiscal, y que el Estado debía financiar con emisión inorgánica de dinero, lo que causaba la mayor parte de la inflación.
Todo lo que hice como Ministro de Planeamiento era imprescindible en la situación en la que el país se encontraba en ese momento y fue adecuado para el bienestar ciudadano.
Pese a ello, debe quedar bien claro que el gobierno al que serví no privatizó ni nunca quiso privatizar las principales empresas del Estado, como YPFB, ENDE, Comibol o Entel, a las cuales siempre consideramos empresas estratégicas. Quienes afirman lo contrario, quienes intentan confundirme con los “capitalizadores” de unas empresas que yo siempre he considerado fundamentales para mantener la soberanía del Estado, actúan de mala fe y mienten.
El Gobierno en el que participé se ocupó de las pequeñas empresas estatales que no funcionaban ni tenían futuro o que, conservando todavía cierta viabilidad, iban a ser mucho mejores en manos de sus trabajadores y de asociaciones de productores interesados en comprarlas.
La mayoría de las empresas fracasó en el mejoramiento de gestión planteado por el Gobierno para relanzarlas. La mayoría incumplió “convenios de rendimiento” que ellas acordaron con el Ejecutivo para mejorar su desempeño, probando que no tenían condiciones para sobrevivir.
La mayoría de estas empresas no fue privatizada, sino cerrada a consecuencia de su desfase no solo con las normas deseables de administración, sino incluso con la propia realidad. Por ejemplo, había una empresa de vidrios que producía ventanas con tantas fallas que deformaban la imagen de las cosas. También había una compañía para producir cadenas de transmisión de motores, pese a que los motores modernos ya habían dejado de requerir este tipo de cadenas mucho tiempo antes.
Ninguna de estas empresas tenía la mínima posibilidad de sobrevivir. Seguir pagando sus presupuestos hubiera sido malversación de los fondos públicos.
Las únicas empresas que finalmente se transfirieron al sector privado fueron las pocas que tenían alguna viabilidad económica y no cumplían ningún rol estratégico, como los hoteles que las prefecturas tenían en lugares turísticos. Creo que los observadores imparciales tendrán que admitir que nada bueno había en el hecho de que el Estado tuviera hoteles para generar ventajas y privilegios para los políticos encargados de su administración.
Todas las empresas fueron transferidas al sector privado en procesos abiertos, transparentes y ajustados a la ley. La transferencia se hizo cuando era la única forma de sacar a estas empresas de la quiebra y librar así al Estado de la obligación de subsidiarlas, en un momento de fuerte déficit en las finanzas públicas.
La operación más importante fue el traspaso del Ingenio de Guabirá, en 1991, que benefició a un consorcio nacional, en la cual participaban 1.000 trabajadores azucareros y 1.500 productores de caña (40% de las acciones se entregó a cada uno de estos sectores). Los 19 millones de dólares obtenidos por la venta del ingenio se destinaron a inversión social en Santa Cruz. Desde entonces, Guabirá es una empresa solvente y en constante crecimiento y un orgullo legítimo del pueblo cruceño.
En resumen, mi actuación en este campo ha sido legal, responsable con las circunstancias del país y la población en el momento en que se produjo, económicamente adecuada, transparente y supervisada por las instituciones del Estado y de la sociedad civil. Fue una actuación moderada, proporcionada a la necesidad de sanear el erario público y que no despojó al Estado de sus empresas principales y estratégicas, las que en mi opinión constituyen la base de su soberanía económica.
