La desigualdad económica se ha incrementado en el área rural, incluso por encima del nivel que tenía antes de 2008. El Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario ha anunciado “un debate” entre actores públicos y privados para diseñar políticas que reviertan la pobreza en el campo, probablemente la principal causa de la creciente migración de su población a las ciudades.
De acuerdo con los resultados del estudio “Ingresos familiares anuales de campesinos e indígenas rurales de Bolivia”, el coeficiente Gini de esa población había disminuido de 0,44 a 0,41; sin embargo, entre 2011 y 2017, el indicador volvió a subir, llegando a 0,46. El coeficiente Gini significa que cuanto más cerca está de cero mayor igualdad hay.
En el acto de presentación del documento, elaborado por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) en colaboración con la Fundación Cultural Loyola (Aclo), una de las autoras de la investigación reconoció que “pese a las mejoras que se tienen de algunos indicadores sociales a nivel nacional, se tienen niveles de desigualdad elevados”.
Según las investigadoras, las principales causas se encuentran en las deficiencias en el acceso a los recursos naturales (agua, tierra, semillas); a tecnología apropiada al contexto para mejorar la producción o los procesos de transformación de materia prima; a los mercados; a las herramientas que permiten trabajar de manera eficiente; y a los mercados de trabajo. Asimismo, señalaron como otras causas la falta de diversificación productiva y los impactos del cambio climático, así como el tamaño de las familias.
Desde el punto de vista de las autoridades del Estado, la información producida con el estudio, resultado de una encuesta aplicada a 1.106 hogares en 40 municipios de los nueve departamentos del país, no solo es una llamada de atención que obliga a mejorar la intervención pública, sino también una evidencia de lo poco que se sabe de los ingresos de las familias en el área rural.
Asimismo, se reconoció la importancia de la agricultura familiar, fuente de la mayor parte de los alimentos que llegan a las mesas de las familias. En ese contexto, dejar desprotegidos a los hogares rurales, que continúan rezagados en los procesos de mejora de la calidad de vida, como al parecer ha estado sucediendo, conlleva una seria amenaza para la seguridad alimentaria del país.
Hacen bien las autoridades competentes en abrirse a la colaboración con el sector privado, especialmente allí donde hay experiencia acumulada en investigación y desarrollo. La creciente presencia en las ciudades capitales de campesinos e indígenas que se ven reducidos a la mendicidad es el más claro ejemplo de hasta dónde el Estado está fallando a esas familias que tienen en sus manos nada menos que la producción de alimentos para toda la población.
