Lejos de lo anecdótico, el conflicto que persiste a raíz del irregular funcionamiento de El Caballito —bar de remate que sigue operando a pesar de ene clausuras— muestra lo vulnerables, cuando no débiles, que pueden llegar a ser las instituciones llamadas a hacer cumplir la norma.
Parece broma, pero no lo es. El reciente fin de semana, la cantina ubicada en Villa Fátima fue precintada una vez más por la municipalidad, que se vio en la necesidad de solicitar a la Policía y al Ministerio Público su intervención. La primera llegó al lugar y arrestó al administrador y encargado del negocio. Cabe hacer notar, sin embargo, que no es la primera vez que estas dos instituciones acuden para ocuparse de El Caballito.
Algunas de las contravenciones y delitos cometidos en este lugar son: funcionar pese a haber sido clausurado, venta de drogas, secuestro de un funcionario edil que ejecutaba controles (2018), asesinato con arma de fuego (2012), operación socapada de “pildoritas”, riñas, peleas y más.
El hecho es que en esta última oportunidad, el Ministerio Público aclaró que no puede actuar de oficio, que necesita una denuncia identificando el tipo de delito que se comete. Como fuera, memoriales más o menos, querellas más o menos, lo evidente es que aquí alguien tiene el control del caso y esos no son ni la Alcaldía ni la Fiscalía ni la Policía. Por el bien de la ciudadanía, por mayores certezas que dudas sobre la seguridad en la ciudad de La Paz, por instituciones que se den a respetar, esto debe parar ya.
