El subteniente de la Policía Cristhian C. fue sentenciado a cinco años de cárcel por la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) Jonathan Quispe, ocurrida en mayo de 2018 en medio de una protesta por mayor presupuesto.
Decidió aceptar su responsabilidad en el hecho para someterse a un proceso abreviado. La universidad público un comunicado en el que rechazó la sentencia e hizo conocer que se declara en estado de emergencia.
La audiencia se desarrolló la mañana de este miércoles en el Juzgado Cuarto de Instrucción Cautelar en lo Penal de la ciudad de El Alto, presidido por el juez Ángel Mendoza. Estuvieron familiares de la víctima y representantes de la UPEA.
El fiscal del caso Ruddy Terrazas informó a La Razón que el 28 de febrero la defensa del subteniente solicitó al Ministerio Público y al juez la salida alternativa del procedimiento abreviado para quien permanece desde el 1 de junio de 2018 detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro.
“El subteniente (Cristian C.) ha reconocido de forma voluntaria el hecho que ha ocasionado la muerte del estudiante de la UPEA el 24 de mayo. Ha aceptado su culpabilidad y también se le ha impuesto una pena de cinco años de presidio en el penal de San Pedro”, informó el fiscal.
Durante los primero meses del pasado año, la UPEA comenzó marchas de protesta en El Alto en demanda de un incremento presupuestario. El 24 de mayo se desencadenó una de las jornadas más tensas con la muerte de Quispe Vila por el impacto de una canica disparada desde una escopeta de uso reglamentario.
Representantes de la UPEA participaron de la audiencia y manifestaron su disconformidad con la determinación judicial por considerar «busca dejar en la impunidad” la muerte del estudiante Quispe, perteneciente a la carrera de Comunicación Social.
“Lo decimos claramente a todos, la UPEA no dejará de luchar por justicia para Jhonatan y no permitirá que la sentencia, que es una aberración total se haga realidad. Hoy la UPEA se declara en estado de emergencia”, se lee en parte de comunicado.
Una de las primeras medidas es la apelación al dictamen judicial, que antes de entrar en plena vigencia debe ser ejecutoriada.
El oficial se encontraba imputado por el delito de asesinato. “Cuando le preguntó el juez (al subteniente) si es responsable de la muerte del estudiante, respondió a viva voz: sí yo he participado, soy el responsable”, informó el fiscal.
No obstante en un primer momento negó ese extremo. Fue el 6 de junio de 2018 cuando habló desde la cárcel, negó haber utilizado su arma de reglamento ese día y aseguró que no portaba ni disparó una canica.
Las movilizaciones se fueron desactivando en julio del pasado año en medio de jornadas de diálogo entre el Gobierno y representantes de la UPEA. (6/03/2019)
