Racismo ambiental fue un concepto acuñado en Estados Unidos en los años 80 por el reverendo Benjamin Chavis para denunciar las grandes desigualdades entre clases sociales e identidades étnicas al momento de sufrir los efectos medioambientales negativos provocados por el vertido de residuos tóxicos. Así, si uno quiere saber dónde serán depositados los desechos tóxicos o dónde hay riesgo inminente de contaminaciones industriales, solo tiene que preguntarse dónde viven los negros, los hispanos e indígenas. En el fondo, se trata de cómo la “naturaleza”, o mejor, las políticas sobre la naturaleza, descargan sus impactos de manera diferenciada por clase social e identidad étnica-nacional.
El tratamiento de la catástrofe ambiental de Alpacoma, que ha estallado desde enero en los municipios de La Paz y Achocalla, no solo encaja perfectamente en la categoría de racismo ambiental, sino que la enriquece con nuevas variantes.
MEDIOAMBIENTALISTAS de vitrina. Son 850.000 metros cúbicos de basura enterrada que se deslizaron y esparcieron en un perímetro de 10,2 hectáreas. Se liberaron gases de efecto invernadero (metano y CO2) producto de la degradación de los residuos sólidos (una tonelada de basura orgánica produce 40 metros cúbicos de biogás); se ha expandido el área de atracción de vectores de enfermedades y, lo peor, por ruptura de los aislantes y los escurrimientos, los lixiviados, portadores de alarmantes contenidos de arsénico y plomo, contaminaron aguas subterráneas y el río Achocalla.
Se trata del desastre ambiental más grande y peligroso de las últimas décadas, y, sin embargo, el que mayor silencio y complicidad ha obtenido de una parte de la inmensa red de instituciones medioambientales privadas, activistas políticos e ideólogos que en otras ocasiones y ante impactos muchísimo menores juraban que poco menos se estaba destruyendo el pulmón del planeta.
CEDLA, Cedib, Fundación Solón, Fundación Tierra, Inesad, Jubileo, Derechos Humanos de Bolivia, periódicos hipócritamente “sensibles” con el medioambiente, exasesores ambientalistas de Usaid, editorialistas, escribanos que derrochaban tinta sobre el inminente exterminio de la naturaleza ante la construcción de un puente sobre un río en la Amazonía; políticos conservadores que décadas atrás regalaron tierras a hacendados extranjeros para depredar la madera; exizquierdistas adoradores de industrializaciones forzadas y que por arte divino se presentaban como los abanderados de un ecologismo principista, todos ellos, de pronto, se han quedado mudos y ciegos ante la catástrofe que golpea a La Paz.
No hay mítines con enardecidas defensas de la naturaleza, no hay eslóganes pintados en poleras de “yo también soy de Alpacoma” ni crucifixiones reclamando el derecho de las plantas y cerros. Es más, todos ellos se han puesto de acuerdo para guardar un silencio cómplice y extirpar momentáneamente de su vocabulario la palabra medioambiente para no perjudicar políticamente al alcalde de la ciudad. Hay, incluso, merolicos [charlatanes] que buscan dar una explicación conspirativa de la catástrofe, como si los que no dejaban entrar más basura al relleno de Achocalla fueran los culpables de que una montaña de desechos tóxicos se haya derrumbado.
No importan los olores nauseabundos que asfixian a las comunidades campesinas, no interesan los dolores de cabeza de los niños por la cercanía a los gases, no importan las miles de ratas que se han congregado en los alrededores del relleno y que se esconden en los colegios y las cocinas de los pueblos y barrios aledaños, no importa el hedor de las bolsas de basura apiñadas en cada esquina de la ciudad, no importa el arsénico discurrido en las aguas. Al fin y al cabo, es el altiplano agreste y son los aymaras levantiscos los afectados y no vale la pena hacerse al fundamentalista medioambiental por ellos, si, además, de por medio se puede afectar al candidato que hará frente a los indios en octubre. Y, entonces, las convicciones sobre el medioambiente y la preocupación por la salud pública se evapora instantáneamente ante el cálculo político de resta de votos que puede provocar hablar la verdad.
Está claro que la problemática ecológica es una temática imprescindible para la construcción de una nueva civilización que supere las contradicciones destructivas de la modernidad. Es igualmente cierto que la preocupación medioambiental forma parte de un sano y comprometido nuevo sentido común generacional sin el cual es imposible diseñar el porvenir económico y social progresista de Bolivia y el mundo. Y también es cierto que aún existe una superficialidad colectiva en la manera de articular la demanda de justicia social con justicia medioambiental. Pero lo que es ya indigno, es el oportunismo mercenario con el que los ideólogos del conservadurismo mercadean sus convicciones ecológicas.
Si les hacen daño a sus enemigos y hay buenas canonjías extranjeras, son furibundos medioambientalistas dispuestos a inmolarse para defender el bosque. Si hacen daño a su candidato político, no les cuesta nada sacarse el disfraz ecológico, bajarse de la vitrina, guardar en una bolsa de basura sus exultantes preocupaciones ambientales y hacerse al desentendido silbando la canción de moda.
RACIALIZAR la ecología. Y es que en este tipo de medioambientalismo de ocasión no solo se da una instrumentalización política de la naturaleza, sino, ante todo, una posición de clase y con ello, racial, de preocuparse de ella. Claro, para ellos si la perturbación ecológica afecta a aymaras, campesinos o a vecinos y comerciantes de la ciudad, no es un tema ambiental digno de mencionarse. Y no se verá por ningún lado convocatorias a marchas, seminarios, denuncias internacionales, tribunales externos o huelgas de hambre en defensa de los aymaras de Alpacoma.
El “medioambiente” que les gusta reivindicar no es el que afecta a campesinos vinculados al mercado ni a los barrios populares de las ciudades; mucho menos si se trata de indígenas, migrantes y trabajadores que los han sacado de los cargos de poder anteriormente heredados por apellido y abolengo.
Se trata de indios “masistas”, insolentes, ambiciosos, sucios que contaminan las ciudades, los parques, los patrimonios urbanos y los shoppings. Son los culpables de la “oclocracia” que ha contaminado la política y frente a los cuales más bien hay que colocar barreras, demarcaciones, si es posible, murallas para impedir que expandan su “depredación” a otros lugares. Ya se vio esta misma posición racializada con el tratamiento de la supuesta destrucción del parque El Paquió por parte de unas comunidades interculturales.
Cuando El Paquió era área de concesión forestal empresarial que liquidó la riqueza maderera, nadie se preocupaba, no hubo denuncias de tala de bosques y no había problemática ambiental. Los camiones podían salir con miles y miles de tablones por la carretera, incluso sin autorización forestal y de contrabando, pero no había problemática ambiental. Sin embargo, cuando por constitución y ley pasó a ser tierra fiscal, y una pequeñísima parte fue transferida a comunidades quechuas, toda la trama de impostores ambientalistas salieron a denunciar que, poco menos, las lluvias de todo el país estaban en peligro por el “destructor” chaqueo de unas decenas de familias quechuas.
Y entonces, las convicciones ecológicas tienen color de piel y estirpe. Si son de “familias notables” las que talan el bosque, derraman desechos tóxicos, se considera una actividad empresarial “amigable” con el medioambiente y mejor ni hablar de ello. Pero, cuando se trata de indígenas en condición de mayoría política y demográfica, culpables de arrebatar privilegios de clase a las viejas élites decadentes, son “indios malos”, depredadores, sin derechos sociales y mucho menos ambientales. Excepcionalmente, si se trata de minorías indígenas, en condiciones de debilidad política regional o de subordinación laboral, entonces, son “indios buenos”, verdaderos, dignos de postal, ya que no representan riesgo político alguno. Hasta incluso pueden ser susceptibles de una pasarela de adscripción honoraria en la “blanquitud” señorial.
Para este tipo de medioambientalismo, la naturaleza a proteger es aquella que debe estar alejada del ruido urbano y conglomerados populares politizados; es la “wilderness” [desierto], las áreas silvestres donde, además de tener la exclusividad costosa de ir de vacaciones, los seres humanos, los indígenas, son parte casi petrificada del entorno, parte del paisaje “natural”. De ahí que el único medioambiente reivindicable sea el medioambiente deshumanizado, desligado de indomables problemáticas sociales.
Al final, el nuevo ropaje discursivo ecológico de las élites conservadoras no puede esconder ni el secular doblez olañetista de mutar de principios según las conveniencias políticas y económicas inmediatas, ni los viejos prejuicios señoriales y coloniales de intentar inferiorizar al indio. Se trata de una biologización de la injusticia, pero, ante todo, de una racialización de las estrategias de contención de la igualdad. Si el darwinismo social boliviano surgió a principios del siglo XX como respuesta y sanción a la insurrección de indios dirigidos por Pablo Zárate Willka y Apiaguaiki Tumpa, pareciera que este racismo ambiental criollo habría emergido como protesta y frontera ideológica, y estética, hacia una plebe que se atrevió a ser gobierno y Estado.
