Primero, algo de contexto: van cuatro años consecutivos de déficit comercial, lo que en términos acumulados son más de 4.100 millones de dólares. Por otro lado, los déficits fiscales, desde 2014, suman más de 11.938 millones de dólares. Finalmente, a inicios de 2014 la deuda externa era poco menos de 5.600 millones de dólares, mientras que a fines de 2018 el BCB reportaba una deuda de más de 9.944 millones, es decir, un incremento de 4.344 millones de dólares en cuatro años. En conjunto, la deuda externa, el déficit comercial y el déficit fiscal son equivalentes a más de 20.300 millones de dólares.
Estas cifras no son para nada despreciables y explican la actual preocupación por el nivel de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y los equilibrios macroeconómicos que tanto nos ha costado, como país, preservar. Para entender esto hay que definir qué son las RIN: son el resultado de las transacciones que realiza nuestro país con el exterior.
Estas transacciones pueden referirse a transacciones financieras, como el envío de remesas de inmigrantes bolivianos en el mundo hacia nuestro país y las de inmigrantes extranjeros radicados en Bolivia hacia el resto del mundo. Las remesas casi siempre han sido positivas, por el alto grado de migración que registramos y lo poco atractivo que ha sido el país para residentes de otros países.
También pueden ser de flujos de capitales, que comúnmente identificamos como inversión extranjera, y que si bien ha sido positiva, entre 2014 y 2017 suma un total de solo 2.270 millones de dólares (aún no tenemos el dato final para 2018). Finalmente, estas transacciones pueden ser de comercio, así, cuando exportamos más de lo que importamos, las RIN tienden a crecer (lo que pasó entre 2004 y 2014); pero si la situación es inversa evidentemente tienden a decrecer (lo que sucede desde 2015).
A esto hay que agregarle que uno de los principales importadores es el Gobierno central, ya que gran parte de sus proyectos de inversión contemplan la importación de maquinaria de transporte, equipo para la generación de energía eléctrica, piezas y materiales para la construcción de infraestructura y, por si fuera poco, servicios (sobre todo en la construcción) entre una larga lista de importaciones. Es aquí donde empieza a notarse la relación entre el déficit fiscal, el déficit comercial y las RIN: a mayor inversión pública (déficit fiscal), más importaciones (déficit comercial) y, por lo tanto, menos acumulación de RIN.
Pero también debemos tomar en cuenta el perfil de nuestras exportaciones, que desde 2004 han empezado a concentrarse peligrosamente en gas, minerales y soya, al punto que en 2018 en conjunto representan más del 90% de nuestras exportaciones, lo que significa que hoy somos, más que nunca, dependientes de los precios internacionales de las materias primas. Esto también significa que nuestro control sobre la acumulación de RIN es limitado.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bien, dado que no podemos controlar el precio de las exportaciones, el camino lógico es empezar a fomentar las exportaciones de aquellos productos cuyos precios no son tan ajenos a nuestro control. Esto significa un cambio en la política económica del país, que hasta ahora ha estado centrada en el control estatal de las rentas de las materias primas, para pasar a apoyar el desarrollo de un aparato productivo diversificado, basado en productos industriales, pero también en servicios, turismo y cultura, que hoy por hoy representan una parte creciente del comercio en el ámbito mundial. Esto no se puede hacer sin la participación activa del sector privado, por lo que sería necesario desmontar una larga lista de trabas y complicaciones administrativas que en estos últimos 13 años han castigado al sector.
También se debe ir más allá: se debe pensar en racionalizar el gasto del Estado. Es cierto que la inversión pública es necesaria, pero no rendirá de la manera que podría hacerlo si no se vincula con un aparato productivo fuerte, donde de nuevo el rol del sector privado es clave. En los últimos años vimos cómo el nivel de inversión pública ha escalado considerablemente, mientras que el resultado en el crecimiento se ha mantenido por debajo del 4,8%, una cifra relativamente baja si se considera el tremendo esfuerzo que se hace.
En este contexto, es claro que a este ritmo de gasto y desacumulación no se podrán seguir manteniendo los equilibrios necesarios para que el país emprenda una verdadera senda de desarrollo sostenible. Sin embargo, para salir de esta situación es necesario que las actuales autoridades revisen las premisas sobre la que han construido la política económica. Ni el sector público ni el privado por sí solos pueden revertir el contexto, debe ser un trabajo conjunto en el que prime el diálogo y la coordinación. Si esto se hace, el mayor beneficiario será el país.
