La Defesaría del Pueblo denunció, a partir de una investigación, que en los procesos de adopción hay cobros irregularidades de entre Bs 250 y Bs 350 a los solicitantes en el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de La Paz.
Horas después, el SEDEGES emitió un comunicado negando algún “cobro irregular” y aclarando que, efectivamente hay una escala de aranceles para Estudios Biopsicosociales de adultos y Curso de los padres adoptivos que están abiertos a cualquier tipo de investigación.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, presentó en una conferencia de prensa los resultados de la investigación y pidió al Ministerio Publico investigar la denuncia ya que la norma vigente establece que todo trámite referente a niños y adolescentes debe ser gratuita.
Este proceso de investigación junto a UNICEF tiene el objetivo de identificar los obstáculos de los procesos de adopción y analizar la manera de hacerlos más efectivos y ágiles.
También se evidenció que no hay un registro formal de la cantidad de niños, niñas y adolescentes en centros de acogida, ni las tipologías por las cuales se encuentran en estos lugares, lo cual no permite realizar un trabajo oportuno.
Ante esa situación, recomendó al Ministerio de Justicia tomar las medidas necesarias para un registro nacional y departamental que vincule a la Defensorías de la Niñez (DNA), los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDES) o Servicios Departamentales de Política Social (SEDEPOS) y los Juzgados Públicos de Niñez y Adolescencia.
Además piden implementar programas sobre Cultura de la Adopción, ya que la falta de conocimiento es otro factor que no ayuda a la que los niños encuentren una familia.
El SEDEGES, que depende de la Gobernación de La Paz, hizo conocer que está «abierta a cualquier investigación en el marco de la legalidad y la transparencia».
