El pleno de la Cámara de Diputados tenía previsto tratar este jueves el proyecto de ley de Abreviación Procesal Penal, pero decidió posponer ese trámite para hacer ajustes al plan normativo con las medidas lanzadas por el Gobierno para frenar la violencia contra la mujer y, además, plantear ajustes a la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia).
Así lo confirmó el presidente de esa repartición legislativa, Víctor Borda, en una rueda de prensa. «El presidente Evo Morales ha hecho el anuncio, la anterior semana, precisamente en conmemoración del Día de la Mujer, (por tanto) hay la necesidad de hacer algunos ajustes a la Ley 348”, explicó.
Indicó, además, que el motivo que impulsó al Legislativo a cancelar su tratamiento es que “hay propuestas fundamentales que deseamos plantearnos” en ambas normas. «Finalmente se derivará a la comisión para que se analice estas propuestas fundamentalmente a la Ley 348”.
La presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, Valeria Silva, apuntó, por su parte, que se incorporarán elementos jurídicos de protección a las mujeres referidas a la demanda del Gabinete de la Mujer y de la Alianza de Mujeres Contra la Violencia.
Entre los ajustes, están el establecimiento de un procedimiento especial para juzgar los hechos de violencia contra las mujeres, los niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, los médicos forenses podrán extender de forma inmediata y obligatoria certificados del estado físico de las víctimas para evitar la revictimización y cualquier galeno que pertenezca al sistema público podrá recolectar evidencias sin necesidad de requerimiento fiscal.
Otra de las incorporaciones es la separación de los juzgados especializados de violencia de los de corrupción que, a la fecha, atienden de manera paralela. También, se validará la participación de las fundaciones y ONG para acompañar a las víctimas en los procesos de violencia.
El plan normativo sobre la Abreviación Procesal Penal busca reducir los casos de detención preventiva y hacinamiento en las cárceles del país, ya que según datos estadísticos el 68% de los privados de libertad no tiene sentencia ejecutoriada. (14/03/2019)
